La Generalitat ha puesto en marcha el nuevo impuesto sobre el CO2 publicando el censo de los vehículos y la cantidad que tendrán que pagar. Hemos podido comprobar que el Govern en funciones ha cumplido con lo que anunció para que el día 1 de mayo se puedan consultar los datos. La web creada por la Agencia Tributaria de Catalunya funciona correctamente, aunque hemos podido comprobar que la información que da y en la que se basa el impuesto está plagada de 'trampas', errores y contradicciones.
La publicación del censo de vehículos con sus emisiones de CO2 y la cuantía que les corresponde es el primer paso del calendario para que los propietarios de coches, motos y furgonetas reciban en septiembre el aviso para pasar por la caja de la Generalitat. Cuando esté plenamente en vigor, la Administración autonómica espera recaudar con este gravamen único en España casi 150 millones anuales.
Esos ingresos se basan en la cuota calculada con las emisiones del parque automovilístico registrado en la comunidad autónoma. El tributo es, en sí mismo, una prueba de fuego para el fisco catalán al ser el primer impuesto masivo que gestiona directamente y que ha estado preparando durante años con la oposición del sector del automóvil.
"La base imponible coincide con las emisiones oficiales de dióxido de carbono que constan en el certificado expedido por el fabricante o el importador del vehículo", asegura el departamento que dirige Pere Aragonès en la guía para el nuevo gravamen. En las preguntas frecuentes también aclara que "la información de las emisiones de CO2 aparece en la ficha técnica" y que también se puede consultar en la guía de modelos por año de fabricación que elabora el IDAE, un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Discrepancias en el censo
En el censo publicado, hemos podido comprobar que hay casos en los que las emisiones de CO2 atribuidas por la Generalitat no se corresponden con lo que la agencia tributaria sostiene en la información pública. Un coche que en el momento de su matriculación emitía 119 gramos de CO2 aparece en el censo con 149 gramos, lo que comporta que ese vehículo no quede exento del tributo al superar los 120 gramos y que la cantidad a pagar sea sensiblemente superior. En cambio, en otro caso sucede lo contrario y un turismo con unas emisiones oficiales de 130 gramos tiene solo 88 gramos.
La Generalitat argumenta que la información sobre emisiones de CO2 se basa en los datos facilitados por la DGT, que depende del Ministerio del Interior, y para los vehículos más viejos en una fórmula diseñada por el Barcelona Supercomputing Center. En la información que la agencia ofrece sobre el impuesto no se menciona qué protocolo de medición se tiene en cuenta para calcular las emisiones ya que desde que se aprobó la normativa del gravamen el Gobierno central ha llevado a cabo una modificación para los nuevos vehículos que se matriculan a partir de enero de 2021. La aplicación del protocolo WLTP ha supuesto un aumento de los valores de las emisiones de unos 20 gramos, según las estimaciones de las patronales de automoción.
Sin embargo, la 'trampa' del cálculo de las emisiones basado en el protocolo WLTP y con efectos retroactivos puede provocar un impacto sobre un parque de 5,6 millones de vehículos matriculados en Cataluña y eleva la base imponible del impuesto. Eso puede explicar porqué un vehículo que en su ficha técnica y en la guía de IDAE, tal como dice la agencia, consta con 119 gramos de CO2 para la Generalitat emite 149 gramos y pasa de pagar cero euros a 16,85.
En cambio, el otro error que reduce sustancialmente la cifra de dióxido de carbono no tiene explicación aparente ya que el protocolo WLTP causa un incremento de los valores en todos los casos. A partir de la publicación del censo, la Generalitat ha abierto un plazo para recibir alegaciones de los afectados hasta el 4 de junio.
150 millones que puede perder la automoción
Las contradicciones del nuevo impuesto no se acaban ahí. El Govern en funciones prevé dedicar la recaudación conseguida con la penalización sobre los vehículos más contaminantes a un fondo de cambio climático y otro relacionado con el patrimonio natural y la biodiversidad a partes iguales. La Generalitat, que se ha encargado de pregonar las supuestas 'ventajas' del impuesto en una campaña publicitaria, abre la puerta a incentivar la renovación del parque automovilístico aunque no concreta qué parte destinará a ese fin.
Las posibles subvenciones por la compra de vehículos limpios se financiarían con la mitad de la recaudación, de donde saldrán también partidas para paliar la emergencia climática. En ocasiones anteriores, cuando otras comunidades han puesto en marcha sus propios planes de ayudas a la compra de coches con emisiones bajas, la Generalitat siempre se ha excusado argumentando que no disponía de recursos. Con el nuevo impuesto, puede llegar a tener 150 millones adicionales.
Pero el nuevo gravamen tiene otros efectos inducidos. Desde que la Generalitat anunció el impuesto, las empresas de flotas de vehículos de renting y de alquiler han huido de Cataluña para esquivar el sobrecoste inexistente en otras autonomías. Aunque esos coches sigan circulando por Cataluña, están matriculados con domicilio fiscal más allá del Ebro. Además, la Generalitat emite una señal que ha sentado mal a la industria de automoción, que se ha opuesto al nuevo impuesto al considerar que se trata de un gesto hostil para los fabricantes. Aunque el impuesto nació en el proyecto de Ley de Cambio Climático de 2017, finalmente se pone en marcha en el mismo año en el que cerrará la fábrica de Nissan de Barcelona, la segunda más grande de Cataluña después de la de Seat.
