La movilidad eléctrica sigue avanzando con fuerza en España, con un crecimiento del 73,9% en las matriculaciones de vehículos electrificados en abril. Sin embargo, el impulso institucional que debería sostener este despegue sigue atascado en el embudo de la burocracia autonómica. A pesar del anuncio del Gobierno central a finales de marzo sobre la reactivación del Plan Moves III, las ventanillas autonómicas para solicitar las ayudas siguen cerradas.
Desde que el Congreso derogara en enero el real decreto-ley con la prórroga del Moves —lo que dejó sin efecto la ampliación del programa—, todo el sistema de subvenciones quedó en punto muerto. La reactivación del plan aprobada por el Consejo de Ministros y refrendada por el Congreso de los Diputados, aunque con numerosas críticas, obliga a que cada comunidad autónoma publique una nueva convocatoria, para lo que disponen de un plazo máximo de tres meses. El problema es que, más de un mes después de que el Gobierno anunciara su reactivación con 400 millones de euros, ninguna autonomía ha reabierto todavía su plataforma para tramitar las ayudas.
Críticas a la burocracia del Moves
Las solicitudes de subvención se acumulan desde el 1 de enero, lo que afecta directamente a usuarios de coches eléctricos y de puntos de recarga, que no pueden tramitar sus subvenciones. Cataluña, por ejemplo, ha reconocido que aún no ha recibido el presupuesto, pese a que el plan fue publicado en el BOE el 1 de abril.
Según el reparto de los 400 millones del Moves para 2025, a Cataluña le corresponden 65,5 millones. La autonomía con más fondos es Andalucía con 71,3 millones, seguida de Cataluña, Madrid (57,1 millones) y Comunitat Valenciana (42,6).
En Madrid, la web oficial mantiene el aviso de paralización. Y mientras tanto, las comunidades populares (PP) han rechazado el actual diseño del Moves III y han exigido su reformulación incluyendo ayudas para tecnologías "eficientes" más allá del eléctrico, como los biocombustibles o gases renovables.
Las doce comunidades gobernadas por el PP han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "persistir en los errores del pasado" y de diseñar un plan con una tramitación "excesivamente compleja", sin ayudas directas y con una burocracia que ralentiza su ejecución. En paralelo, reclaman un nuevo Moves IV con descuentos directos en la factura, deducciones fiscales y rebajas del IVA para los compradores.
Y es que el diseño actual sigue dependiendo de una gestión autonómica desigual, con demoras que pueden extenderse hasta dos años. El ejemplo más sangrante lo dio el propio consejero de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, que lleva dos años esperando la subvención por su coche eléctrico. Jaume Roura, presidente de los concesionarios catalanes, fue tajante: “Esto es una estafa. El cliente quiere la ayuda en el momento de la compra”.
Leve simplificación
Aunque el nuevo Moves III de 2025 introduce mejoras, como la opción de presentar una cuenta justificativa simplificada para ayudas inferiores a 100.000 euros, esta medida es voluntaria para las autonomías y no elimina trámites clave como la factura o el justificante de pago. La reforma, por tanto, parece más cosmética que estructural.
Mientras el Gobierno intenta calmar las aguas con promesas de simplificación y más fondos, la percepción general es que la arquitectura del Moves sigue siendo un laberinto normativo, con las comunidades como epicentro de los bloqueos. La ejecución del plan depende enteramente de su voluntad política, de sus medios administrativos y de su disposición a facilitar —o dificultar— los procesos.
Pese a todo, el mercado no ha perdido el ritmo: las matriculaciones de vehículos electrificados rozan ya las 200.000 unidades previstas para 2025, con una subida del 58,6% en eléctricos puros y un crecimiento explosivo del 87,4% en híbridos enchufables. La demanda está ahí. Lo que falta es un mecanismo institucional que no frene lo que el mercado ya ha puesto en marcha.
