El Gobierno español se mantiene inflexible en su posición de reclamar a la Unión Europea que mantenga los objetivos de vetar la venta de vehículos de combustión a partir de 2035. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que mantenga inalterado ese veto a la venta de coches nuevos con motor de gasolina o diésel, y también los híbridos, incluso los enchufables. España se planta así frente a la creciente presión de varios Estados miembros —entre ellos Alemania, Italia o, más recientemente, Francia— para flexibilizar la norma y permitir ciertas ventas de vehículos de combustión más allá de 2035, que Bruselas escuchará con varias medidas.
En la carta fechada el 11 de diciembre y adelantada por EFE, Sánchez rechaza que “vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad probada puedan seguir comercializándose más allá de 2035”, y advierte de que cualquier relajación adicional supondría “un retraso significativo en la descarbonización de las inversiones”.
El presidente argumenta que revisar el calendario supondría una amenaza directa para la industria europea, al reducir la demanda de eléctricos y comprometer la rentabilidad de las inversiones ya realizadas. En la carta, Sánchez advierte de que un cambio regulatorio podría incrementar “la probabilidad de cierres de plantas y pérdidas de empleo en toda la UE”, una preocupación que resuena especialmente en países como España, donde el sector del automóvil es clave para el PIB y el empleo industrial.
El Gobierno español insiste además en que la Comisión ya introdujo flexibilidades el año pasado para los objetivos de CO2 de 2025 al retrasarlos hasta 2027, y que ir más allá “debilitaría la credibilidad regulatoria en plena transición industrial”.
La excepción de España
La postura del Gobierno español llega en un momento crítico para la regulación europea del automóvil. Francia, que hasta ahora se había alineado con España para defender la fecha de 2035, ha dado un giro estratégico: su ministro de Economía, Roland Lescure, aseguró esta semana que París está dispuesto a aceptar flexibilidad en el veto siempre que los vehículos de combustión que se mantengan en el mercado sean europeos y generen al menos el 75% de su valor añadido dentro de la UE.
Este cambio acerca a Francia a la postura de Alemania, que lidera la ofensiva para mover el objetivo de 2035 e incluir a los híbridos entre las tecnologías permitidas. Italia, Polonia, Hungría, Bulgaria, la República Checa y Eslovaquia también han presionado por carta para abandonar lo que califican como “dogmatismo ideológico” en la regulación climática. España se convierte así en el único gran fabricante europeo que defiende mantener el veto absoluto a la combustión en 2035.
Propuesta de Bruselas
El debate se intensifica en vísperas de que la Comisión presente una propuesta para aliviar al sector del motor, que atraviesa dificultades por la competencia de los eléctricos chinos, los aranceles estadounidenses y unas ventas por debajo de lo previsto. Según borradores filtrados, Bruselas estudia permitir que hasta un 10% de las ventas en 2035 sigan siendo de coches que emitan CO₂, trasladando el veto total a 2040.
Otra opción que se baraja es ampliar la definición de “cero emisiones” para flotas corporativas, contabilizando híbridos enchufables y eléctricos con motor térmico destinado a funcionar únicamente como generador de electricidad, es decir, los denominados eléctricos de autonomía extendida.
Apoyo del sector de la electromovilidad
Las asociaciones Aedive y AORU, representativas del ecosistema español de electromovilidad, han dado su apoyo explícito a la carta de Sánchez. En un comunicado conjunto, instan a la Comisión Europea a mantener los objetivos de CO₂ para 2035 y a aprobar un reglamento ambicioso para la electrificación de flotas corporativas, responsables del 60% de las ventas de coches nuevos.
El sector reclama “señales claras, estables y coherentes” para sostener la inversión, reforzar la competitividad y acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga de alta potencia.
