Francia ha dado un giro significativo en su postura respecto al veto europeo a los motores de combustión a partir de 2035. El Gobierno francés, que hasta ahora tenía una posición alineada con España para “mantener el rumbo” del plan de descarbonización, ha abierto la puerta a flexibilizar la norma siempre que se introduzca una cláusula de preferencia para los vehículos fabricados dentro de la Unión Europea (UE). La rectificación acerca a París a la postura de Alemania, que lidera la ofensiva para relajar el veto.
El ministro de Economía, Roland Lescure, confirmó este miércoles que Francia está “dispuesta a ser flexible” y que esa posición ya ha sido trasladada formalmente a la Comisión Europea mediante una carta firmada por él y por varios miembros del Ejecutivo: la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut; el ministro de Transportes, Philippe Tabarot; el responsable de Industria, Sébastien Martin; y el secretario de Estado para Europa, Benjamin Haddad.
"La ingenuidad ha terminado"
En una entrevista en la emisora RTL, Lescure precisó que Francia aceptaría permitir la comercialización de “algunos coches con motores de combustión” después de 2035, pero bajo una condición estricta: que dichos vehículos sean europeos. En concreto, tendrían que generar al menos el 75% de su valor añadido dentro de la UE.
“El tiempo de la ingenuidad ha terminado”, afirmó el ministro, defendiendo que Europa debe proteger su industria frente a la competencia global y citando explícitamente las políticas proteccionistas de Estados Unidos y China.
Debate europeo sobre el veto de 2035
La declaración francesa llega en pleno debate sobre posibles ajustes a la norma que prohíbe vender coches nuevos que emitan CO₂ a partir de 2035. Esta regulación ha sido cuestionada especialmente por Alemania, el mayor fabricante automovilístico del continente, que ha pedido por carta levantar el veto e incluir también a los híbridos dentro de las tecnologías permitidas.
Hasta ahora, Francia y España habían presentado un documento conjunto en el que reclamaban “mantener el rumbo” y descartaban que los híbridos deban contarse como vehículos limpios a partir de 2035. Ambos países pedían además incentivos europeos para reforzar la producción local y evitar la dependencia tecnológica de terceros.
El giro de París, sin embargo, debilita ese frente común y alinea a Francia con Berlín en la defensa de un modelo más flexible, condicionado a la protección de la industria europea.
La cuestión no es menor: la industria del automóvil representa uno de los pilares económicos de la UE. El cambio normativo afectará a fabricantes, cadenas de suministro, inversiones en nuevas tecnologías y a miles de empleos en países como Alemania, Francia o España.
