El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a marcar jurisprudencia al rechazar uno de los argumentos que esgrimía Volkswagen en su defensa frente a los miles de afectados por el escándalo del dieselgate. El tribunal ha dictaminado que la homologación de un dispositivo no exime al fabricante de su responsabilidad si la utilización de dicho dispositivo es ilegal. La decisión abre un nuevo frente judicial para el grupo automovilístico y refuerza las reclamaciones de los propietarios de vehículos manipulados en todo el continente.
El caso juzgado por el TJUE parte de dos demandas presentadas en Alemania por compradores de vehículos diésel de Volkswagen. Ambos alegaban que sus coches estaban equipados con dispositivos de desactivación del control de emisiones, concretamente un software que reducía la tasa de recirculación de gases de escape a temperaturas inferiores a 10°C, provocando así un aumento de emisiones contaminantes. En un vehículo, este sistema estaba instalado de fábrica; en el otro, fue introducido mediante una actualización posterior.
Hasta ahora, uno de los argumentos recurrentes de Volkswagen en su defensa era que esos sistemas habían sido previamente homologados por la autoridad nacional competente, por lo que no existía ilegalidad ni, por tanto, responsabilidad. El TJUE ha desmontado esta línea de defensa con contundencia: una homologación no legitima automáticamente un dispositivo ilegal. En otras palabras, la responsabilidad del fabricante no desaparece porque una autoridad nacional haya dado su visto bueno, especialmente si se demuestra que el sistema instalado viola la normativa medioambiental comunitaria.
Las grietas del pasado que no se cierran
El varapalo judicial llega en un momento en el que Volkswagen intenta reconfigurarse como un campeón europeo de la movilidad eléctrica. Pero el pasado continúa llamando a la puerta. El fallo europeo tiene alcance más allá del caso alemán: abre la puerta a nuevas reclamaciones en todos los países miembros, al reforzar el principio de que la responsabilidad del fabricante es estructural, no delegable.
Además, el TJUE ha dejado claro que esa responsabilidad aplica tanto si el dispositivo ilegal se instaló en fábrica como si se introdujo a posteriori, un detalle que puede afectar a miles de actualizaciones realizadas en los años posteriores a que estallara el escándalo en 2015.
Indemnizaciones condicionadas, pero posibles
El tribunal también se ha pronunciado sobre la naturaleza de las compensaciones: las normas europeas no impiden que se deduzca del importe de la indemnización el valor del uso que el propietario ha hecho del coche. Ni tampoco que la indemnización esté limitada al 15% del precio de compra, siempre que dicha cuantía suponga una reparación adecuada del perjuicio sufrido. La última palabra en cada caso concreto la tendrán los tribunales nacionales, pero el mensaje es claro: los compradores tienen derecho a ser resarcidos, incluso si utilizaron el vehículo durante años.
El escándalo del dieselgate, que estalló hace ya una década, sigue siendo una herida abierta para la reputación del fabricante alemán. Aunque el grupo ha destinado más de 30.000 millones de euros a compensaciones, multas y litigios, su pasado vuelve a golpearlo con cada nuevo pronunciamiento judicial.
Este nuevo revés pone de nuevo en cuestión la solidez de la estrategia legal de Volkswagen en Europa, y envía un mensaje nítido a toda la industria: el tiempo y las homologaciones no borran la responsabilidad cuando se manipulan los sistemas de emisiones. Aunque la movilidad evolucione hacia lo eléctrico, los tribunales siguen teniendo cosas que decir sobre lo que ocurrió con el diésel.
