Volkswagen, Peugeot-Citroën… y ahora Renault. El escándalo del ‘Dieselgate’ se expande en Francia como una mancha de aceite. La fiscalía de París ha solicitado abrir un proceso penal contra Renault por un presunto fraude agravado en el control de emisiones contaminantes. Una acusación que coloca al fabricante del rombo junto al grupo alemán Volkswagen y sus compatriotas Peugeot y Citroën en el banquillo por falsear emisiones.
La historia se repite con matices. Según los documentos consultados, Renault habría calibrado sus vehículos diésel Euro 5 y Euro 6 —vendidos entre 2009 y 2017— para superar las pruebas de homologación pero sin cumplir realmente los límites de óxidos de nitrógeno (NOx) en condiciones normales de conducción. Un software o calibración tramposa que permitiría al motor funcionar con sus emisiones recortadas en laboratorio, mientras contaminaba por encima de lo permitido en la calle, en la autopista, en el aire que respiramos.
Responsabilidades por las emisiones
El fiscal apunta directamente a la conexión entre estos excesos de NOx y el aumento de enfermedades respiratorias. Y no es un asunto menor. En el proceso figuran ya 381 partes civiles entre particulares, asociaciones ecologistas y organismos públicos, incluidas ciudades como París, Lyon o Montpellier. La Agencia Francesa de Control del Fraude estima en 900.000 los vehículos afectados, con un impacto económico de más de 16.850 millones de euros solo en Francia.
Según la Fiscalía, Renault habría orientado su estrategia a «superar la norma» en las pruebas, desentendiéndose de su aplicación real en la conducción cotidiana. La acusación apunta en la misma dirección del fraude que les estallón a Volkswagen en 2015 y por el que el grupo alemán ha pagado decenas de miles de millones en multas y compensaciones en Estados Unidos y Europa. Peugeot y Citroën también tienen procedimientos abiertos por motivos idénticos.
Renault, sin embargo, niega con rotundidad cualquier irregularidad. Afirma que sus coches «no están equipados con ningún software de fraude» -como en el caso de Volkswagen- y que todos fueron homologados según la legislación francesa y europea vigente en el momento de su venta. Además, recuerda que el Tribunal de Casación emitió en abril de este año una sentencia que cuestiona la legalidad del procedimiento, y acusa a la Fiscalía de «fingir desconocer» esa resolución.
Golpe a la reputación en plena electrificación
Mientras tanto, el juez de instrucción deberá decidir si estas acusaciones terminan en juicio y si Francia confirma su propio Dieselgate con Renault, Peugeot, Citroën y Volkswagen como protagonistas. Porque el gran problema no es solo la contaminación o el fraude económico: es el descrédito de una industria que basó parte de su éxito en vender eficiencia, tecnología y sostenibilidad, mientras falseaba la esencia misma de esos valores. No obstante, la automoción está en fase de pasar página de la combustión a la electrificación forzada por la normativa europea que veta los vehículos de gasolina y diésel a partir de 2035.
El proceso judicial será largo y técnicamente complejo, como ya ocurrió con Volkswagen. Pero la amenaza de daño reputacional para Renault es elevada. Tras años de reconstrucción de su imagen bajo la nueva era eléctrica y las estrategias de Luca de Meo, que dejará la compañía el día 15 de julio, este golpe amenaza con hacer tambalear un edificio que empezaba a recuperar estabilidad.
