China y la Unión Europea han reanudado las negociaciones para buscar un acuerdo que sustituya los aranceles sobre los coches eléctricos chinos. El Gobierno de Pekín ha defendido las ventajas del sistema alterantivo que propone para fijar precios mínimos a los vehículos importados en la UE.
Según informó el Ministerio de Comercio chino, ambas partes retomaron en los últimos días el diálogo técnico sobre compromisos de precios y prevén continuar las conversaciones la próxima semana. Estos compromisos establecerían un umbral mínimo acordado bilateralmente para la venta de coches eléctricos chinos en territorio europeo, evitando así los aranceles que gravan los eléctricos chinos al considerar la UE que se benefician de subsidios públicos que distorsionan la competencia.
He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio, destacó que la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, actuando en nombre de distintos fabricantes, ha presentado una propuesta que “refleja la posición colectiva de la industria”. Según afirmó, las consultas recientes han permitido lograr “algunos avances”.
Aviso de China a la UE
Sin embargo, Pekín advirtió a la Comisión Europea que negociar por separado con empresas individuales podría “socavar la confianza mutua” y ralentizar el proceso. China sostiene que sus fabricantes no compiten gracias a subsidios, sino por una mayor eficiencia y competitividad en un mercado interno marcado por guerras de precios y presión sobre los márgenes.
Para los productores chinos, la UE constituye un mercado estratégico ante la saturación y la deflación del sector en su país. Por ello, Pekín ha insistido en que un acuerdo de precios mínimos sería una solución más razonable que la imposición de aranceles.
Bruselas, por su parte, ha expresado reservas sobre la viabilidad de este tipo de compromisos aplicados a bienes manufacturados complejos como los automóviles, dado que tradicionalmente se han utilizado en productos homogéneos. La Comisión Europea sostiene que un precio mínimo único podría ser insuficiente para contrarrestar el daño causado por los subsidios.
