La demanda contra Volkswagen de afectados por el 'dieselgate' en España ha quedado vista para sentencia. En el juicio que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, la OCU ha reclamado una compensación de más de 22 millones para 7.500 demandantes, meintras que Volkswagen Group España Distribución ha tirado pelotas fuera alegando que es una mera filial comercial.
La OCU, representada por el abogado Eugenio Ribón, ha reiterado la acusación contra la compañía puesto que "como comercializador, se lucró con los vehículos trucados" y tiene una "clara vinculación con el fabricante" al pertenecer al mismo "holding" empresarial. Para la organización, la actuación de Volkswagen España "iba en contra de la política medioambiental de ahorro y eficiencia" con la que la marca "se ganaba la simpatía del consumidor medio" y arrebataba las ventas a sus competidores.
3.000 euros por afectado
El letrado ha apoyado, del mismo modo, que se permita a los afectados reclamar ante los tribunales españoles, y ha lamentado que se haya dejado a éstos "desangelados" a diferencia de cuanto ha ocurrido en países como Estados Unidos, Australia o, a nivel europeo, Alemania, donde el grupo ofreció el pasado viernes 830 millones de euros para poner fin a una demanda colectiva. Esa oferta supone una media de 1.800 euros por afectado en Alemania frente a la solicitud de unos 3.000 euros de la OCU en España.
Después de 4 años del escándalo de Dieselgate, hoy, 17 de febrero, se celebra el juicio contra Volkswagen en el que OCU representa a 7.500 afectados y reclama 22 millones de euros. Unidos los consumidores europeos somos más fuertes: https://t.co/73X3RjsIAi #JusticiaVW pic.twitter.com/oTLjNQyR6V
— OCU (@consumidores) February 17, 2020
En las reuniones de conciliación previas al juicio, la tensión entre las dos partes ha sido evidente. La portavoz de la OCU ha desvelado hoy que lacompañía llegó a ahcer una primera oferta de compensar a los afectados con "una gorra y un llavero", algo considerado como "insultante" por la organización de consumidores.
El abogado de la compañía demandada ha aclarado que el negocio de Volkswagen Group España Distribución se limita a la importación de vehículos finalizados de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda, motivo por el que ha negado que esta filial hubiera manipulado los polémicos motores de la familia EA 189, ya que la fabricación no era su cometido.
VW tira pelotas fuera
Más allá de esta defensa legal de la filial española, el Grupo Volkswagen ha admitido en reiteradas ocasiones la manipulación de los motores diésel mediante la instalación de un programa informático que, al detectar que el coche estaba siendo sometido a una prueba, reducía el rendimiento del motor para camuflar unas emisiones de óxidos de nitrógeno muy por encima de los límites legales.
"Aquí en España no se ha falseado nada", ha reiterado la defensa de Volkswagen, que ha explicado que el "software" instalado en los motores EA 189 sirve para gestionar la información de las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), no de dióxido de carbono (CO2), por lo que carece de impacto material. Los óxidos de nitrógeno es uno de los gases que causan la polución en las ciudades, que repercute en problemas respiratorios para la población.
Acusaciones a la OCU
Volkswagen también ha cargado contra la "acción oportunista" de la OCU en concepto de daños y perjuicios, por presentar una demanda que, ha dicho, se basa en "noticias de prensa sin soporte jurídico". En este sentido, ha explicado que los hechos no pueden compararse al escándalo del "dieselgate" en Estados Unidos, donde la matriz del grupo pactó en 2016 el pago de 14.300 millones de euros, entre otros motivos porque mientras que en ese país es la propia compañía la que consigna a las autoridades los datos sobre emisiones, en Europa quien los remite es un experto independiente.
Asimismo, ha recalcado ante el titular del juzgado que Volkswagen Group España Distribución "es una importadora que compra vehículos al fabricante y los vende al concesionario", esto es, "sólo importa, no instala", por lo que no puede rendir cuentas por posibles alteraciones en la fabricación que, no obstante, ha rechazado.
