El nuevo Plan Auto 2030, la estrategia con la que el Gobierno y el sector pretenden relanzar la automoción española, nacerá con muchos deberes pendientes. Tendrá que resolver uno de los mayores problemas que arrastra la transición hacia la movilidad eléctrica: el colapso del Plan Moves III. La iniciativa, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, llega con un reto inmediato y urgente: desbloquear una cola de más de 40.000 solicitantes que siguen a la espera de las ayudas comprometidas para la compra de vehículos electrificados, por un importe cercano a los 300 millones de euros.
El plan se presenta con la presencia, además del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, además de representantes de asociaciones sectoriales. El plan, según Industria, será una “estrategia ambiciosa y consensuada” para que España mantenga su liderazgo en movilidad eléctrica y descarbonización.
Del caos autonómico al control estatal
Una de las principales novedades del Plan Auto 2030 será el cambio radical en la gestión de las ayudas a la compra de eléctricos e híbridos enchufables. Hasta ahora, el Moves III delegaba en cada comunidad autónoma la distribución de los fondos, un modelo que ha generado retrasos, desigualdad territorial y un fuerte embudo administrativo.
Con el nuevo sistema, inspirado en el plan Reinia Auto puesto en marcha para renovar vehículos dañados por la dana, será el Gobierno central quien gestione toda la tramitación y el pago de las ayudas, creando además un fondo único nacional para evitar que los solicitantes dependan de si su comunidad agotó los fondos antes que otras. El objetivo es reducir plazos, homogeneizar procedimientos y eliminar la lotería geográfica que ha marcado el Moves.
Para ello, el Gobierno tendrá que justificar un cambio respecto a la jurisprudencia que obligaba al Ejecutivo a una gestión descentralizada de estos fondos para la descarbonización del parque automovilístico mediante el reparto del presupuesto entre comunidades autónomas.
El sector confía, además, en que las nuevas ayudas se apliquen directamente en el punto de venta, evitando que el comprador tenga que adelantar el importe y esperar meses —o años— para cobrarlo.
40.000 solicitudes en el limbo
El Moves III, dotado con 400 millones y vigente hasta el 31 de diciembre, ha sido víctima de su propio éxito. Con una cuota de mercado de los electrificados que ya supera el 20% en 2025, las ventas crecieron mucho más rápido que la capacidad administrativa para gestionar las ayudas. Madrid agotó los fondos en julio y Cataluña poco despues. A día de hoy, más de diez comunidades han cerrado sus convocatorias por falta de presupuesto y han abierto una lista de espera.
Como resultado, unas 40.000 personas han quedado en lista de espera, pese a haber comprado ya su vehículo. El importe pendiente ronda los 300 millones de euros y el sector exige que el nuevo plan aclare si estos usuarios quedarán cubiertos o no.
El temor es doble: que el Moves III expire sin pagar esas ayudas y que, durante el mes de diciembre, las ventas se frenen a la espera de conocer las condiciones del nuevo sistema de incentivos para 2026.
Pendientes del Presupuesto y del Congreso
El sector ha recibido el anuncio con expectación, pero también con cautela. La patronal Anfac —que ha negociado el documento durante alrededor de un año— insiste en que el nuevo plan debe venir acompañado de dotación presupuestaria real. «Un plan tiene que tener un responsable, ejecutores, objetivos y partidas presupuestarias. Todo lo que se desvíe de esto será un panfleto», advirtió su presidente, Josep María Recasens, anticipando el mensaje que la industria trasladará al presidente.
Sin embargo, los primeros pasos que dado el Gobierno para iniciar el camino hacia la aprobación de los Presupuestos de 2026 han acabado en fracaso, por lo que es probable que se tengan que hacer equilibrios parlamentarios o bien ingeniería financiera y legal para reconfigurar partidas de las cuentas prorrogadas.
Otro obstáculo que tendrá que superar el Plan Auto 2030 será la de cualquier convalidación parlamentaria. Tal como se pudo comprobar en 2025, el Gobierno tardó varios meses en configurar una mayoría a favor de prorrogar el Plan Moves, que estuvo suspendido varios meses tras la derogación del decreto del Ejecutivo.
Fricciones entre la automoción y el Gobierno
Más allá de las ayudas directas, el Plan Auto 2030 incorporará medidas para acelerar la transformación industrial del sector como continuidad de las líneas del PERTE del vehículo eléctrico y conectado: apoyo al desarrollo tecnológico, a la fabricación de vehículos electrificados y baterías y a la ampliación de la infraestructura de recarga. El objetivo, según Industria, es asegurar que España conserve su posición como segundo productor de automóviles de Europa.
Sin embargo, la presentación del plan llega en un momento de fricciones entre el Gobierno y la industria de automoción, que reprocha a Pedro Sánchez que no haya respaldado la petición del sector de una revisión flexible del veto a la combustión en la Unión Europea fijado en 2035. La postura de España, alineada con Francia, contrasta con la del Gobierno de Alemania, que exige a la UE un ejercicio de realismo con una revisión del ritmo de descarbonización.
