La fábrica de Mercedes de Vitoria ha iniciado su transformación hacia la movildiad eléctrica con unas obras que durarán hasta 2025. Aunque las obras comenzaron ya en 2023, Mercedes ha explicado el proyecto, en una visita de Pedro Sánchez, para producir furgonetas eléctricas medianas sucesoras de la Clase V y la Vito. Se trata de la inversión más importante en Vitoria, con más de 1.000 millones, desde la puesta en marcha de la factoría en 1954.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que "en la era de la disrupción, del cambio acelerado, es gratificante comprobar que la fidelidad a un proyecto tiene premio en forma de riqueza y en forma de empleo". "Una gran empresa, como la vuestra -dijo Sánchez dirigiéndose a Mercedes-, no arriesga su capital sin saber que no hay una base sólida sobre la que levantar un gran proyecto, como es este".
Mercedes también ha tenido premio por su inversión de más de 1.000 millones con unas ayudas públicas que, por ahora, suman 288,6 millones tras la adjudicación de 159 millones en el primer PERTE y otros 129,6 millones en el PERTE 2.
Ampliación de las instalaciones
Cuando finalicen las obras, la planta de Mercedes de Vitoria aumentará su superficie de 696.000 metros cuadrados hasta 800.000 para sumar la producción de las nuevas furgonetas eléctricas a las de combustión. Se ampliarán las oficinas y los pabellones de 'i-park' y montaje final, y se construirán dos nuevas naves de pintura y de montaje en bruto, de 52.000 y 120.000 metros cuadrados, respectivamente.
El proyecto "garantiza la viabilidad a largo plazo" de la factoría vasca y "asegura el empleo de sus 5.000 trabajadores directos para los próximos años", según ha destacado Mercedes.
Para llevar a cabo la inversión, Mercedes exigió la firma de un acuerdo laboral que garantizara la competitividad. El convenio colectivo, que fue aprobado en 2022 por el 57% de la plantilla, incluye una paga de 4.000 euros brutos no consolidable correspondiente a 2021, un incremento salarial del 6 % en 2022 y subidas del 2,25 % desde 2023 hasta 2026, así como otras mejoras económicas y laborales. Sin embargo, no hay garantía de revisión en función de la subida real del IPC
