El macrojuicio por el 'dieselgate' en Europa ha empezado en Alemania con muchas incertidumbres sembradas por el tribunal. El presidente de la sala que juzga la demanda presentada por casi 500.000 afectados por el trucaje de motores diésel de Volkswagen ha advertido de que aplicará el derecho derivado de la normativa alemana, por lo que la sentencia "no será de utilidad" para los afectados de otros países.
El juez que preside la sala, Michael Neef, reiteró al abrir la primera vista pública que "posiblemente la demanda colectiva no será de utilidad para los usuarios con residencia en el extranjero". Entre ellos se encuentran unos 4.000 demandantes españoles. Para estos afectados, "habrá que aplicar, si procede, el derecho material extranjero" para responder a sus solicitudes de indemnización.
"De los objetos de litigio presentados por la asociación se desprende claramente que sólo se considere el derecho sustantivo alemán", agrega Neef, según el comunicado difundido por la Audiencia. Son cerca de 60 los objetos de litigio en una demanda encabezada por la Asociación Alemana de Organizaciones de Consumidores (VZBV) y el poderoso club de automovilistas ADAC, con 20 millones de abonados en el país.
Indemnizaciones de 2.000 millones
A la Audiencia Territorial de Braunschweig le corresponderá establecer, en primer lugar, si se han producido los daños en los usuarios por lo que éstos reclaman ser indemnizados, algo que VW cuestiona. Los demandantes piden compensaciones del 10% al 20% del valor de sus vehículos, lo que puede rondar los 2.000 a 4.000 euros y puede obligar a la multinacional a asumir un pago de 2.000 millones de euros si es condenada.
El pronunciamiento de la justicia alemana puede complicar la obtención de compensaciones para los afectados españoles y de otros países al margen de Alemania, ya que podrían tener que recurrir de nuevo en sus respectivos tribunales nacionales la ejecución de un fallo de la Audiencia de Braunschweig.
VW llega al proceso tras haber denegado un acuerdo extrajudicial, mientras la VZBV se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que sus representados sean indemnizados pronto. La demanda colectiva contra el fabricante automovilístico la presentó el pasado 1 de noviembre la VZBV con el objetivo de determinar si los afectados tienen derecho a una indemnización y por qué cuantía.
Pérdida de valor
Estos potenciales afectados son los propietarios de vehículos de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda con motores diésel del tipo EA 189, equipados con un dispositivo ilegal que reducía la potencia durante las pruebas de emisiones.
El argumento principal de la parte demandante es que esos conductores han tenido que ver cómo sus coches perdían valor por el escándalo y reclaman ser compensados. El factor tiempo no juega a su favor, ya que cuanto más tarde la resolución menos valdrán esos autos.
Alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo -unos 2,5 millones en Alemania- incorporaban en su software comandos que trucaban las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) sólo durante las pruebas en laboratorio, según datos de VW.
Acusación contra la cúpula de VW
El inicio del proceso se produce una semana después de que la Fiscalía de Braunschweig presentara una acusación contra el presidente de VW, Herbert Diess, su antecesor Martin Winterkorn y el jefe del consejo de vigilancia Hans Dieter Pötsch. Las diligencias sobre la cúpula -actual o anterior- giran también en torno al escándalo del diésel, aunque en ese caso no sobre sus supuestas consecuencias sobre el usuario, sino sobre los accionistas.
El fiscal Klaus Ziehe afirmaba que los tres imputados incumplieron "las leyes que los obligan a informar sin dilación a sus accionistas de los riesgos sobrevenidos por el llamado 'escándalo del diésel". Estas tres personas, según sus diligencias, supieron de las irregularidades entre junio y julio de 2015, pero no cumplieron con esa obligación.
