Cientos de trabajadores de Nissan y de las empresas proveedoras y subcontratadas han vuelto a salir a la calle aunque en esta ocasión han tenido un objetivo diferente. No se han manifestado frente a concesionarios, ni frente a las fábricas amenazadas de cierre, sino ante las sedes de los responsables del Gobierno central y de la Generalitat en Cataluña. Los comités de empresa de las fábricas de Barcelona, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca han instado al Ejecutivo a aprobar un decreto urgente con el frenar los cierres de las tres plantas.
"Es ahora, en estos días cuando podemos cambiar el curso de las cosas, después no valdrá lamentarse, es ahora cuando necesitamos a nuestro Gobierno", afirman los representantes de los 25.000 empleados que tienen sus puestos de trabajo amenazados en Nissan y en las empresas que le aportan piezas o servicios. A pesar de la tromba de agua que ha caído sobre Barcelona justo a la hora de inicio de la manifestación, cientos de empleados han respondido de nuevo a la convocatoria.
Decreto exprés
Se han dirigido desde la sede del Departamento de Empresa de la Generalitat, en la confluencia de paseo de Gràcia y la Diagonal de Barceona, hasta la delegación del Gobierno central en Cataluña, ubicada a poca distancia en el Ensanche barcelonés. En ambos casos han entregado sendas cartas dirigida a la delegada del Gobierno y a la 'consellera' en las que reclaman a los dirigentes políticos que pasen de las buenas palabras y de las muestras de solidaridad a los hechos en defensa de las fábricas y sus trabajadores.
La presión de los comités se dirige hacia la derogación parcial del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los procedimientos de despidos colectivos. Desde la reforma laboral que aprobó el PP con el voto a favor de CiU en 2012 (tal como recuerdan los sindicalistas en las cartas), las empresas no necesitan una autorización previa de un ERE de despidos como el que presentará próximamente Nissan.
"Gobierno con determinación"
El restablecimiento de esa autorización previa mediante un decreto urgente permitiría, según los comités, "evitar que Nissan ejecute administrativamente el despido de 3.000 personas sin oposición administrativo-jurídica, dejando en el aire a más de 20.000 puestos de trabajo".
"Los trabajadores de Nissan y del parque de proveedores y contratas y subcontratas necesitamos un Gobierno con determinación que se ponga del lado de lamgente que representa frente a las multinacionales sin escrúpulos como Nissan y que lo haga con hechos, no solo con palabras", destacan los comités de empresa.
