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La UE fuerza las administraciones a comprar vehículos limpios

El porcentaje mínimo en España va del 10% de camiones al 65% de autobuses

Nuevo bus eléctrico Aptis de Alstom en Barcelona

Nuevo bus eléctrico Aptis de Alstom en Barcelona

Pau Rodríguez

13.06.2019 19:37h

2 min

Las administraciones públicas españolas tendrán la obligación a partir de ahora de incorporar más vehículos ecológicos y de bajas emisiones de gases. La norma aprobada por los gobiernos de la Unión Europea afecta a todos los Estados con unos objetivos para cada país y pretende acelerar la compra de coches, furgonetas, camiones y autobuses eléctricos, híbridos y de gas bajos en emisiones a la vista de la lentitud detectada en los concursos públicos en los últimos años. 

En España, el objetivo mínimo en las contrataciones públicas de vehículos ligeros será del 36,3% en 2025 y 2030. Los concursos de compra de camiones tendrán que incorporar un mínimo del 10% y del 14% en 2025 y 2030, respectivamente; y del 45% y del 65% para ambos años en contrataciones de autobuses.

Resultados limitados hasta ahora

Estos objetivos están expresados como la proporción mínima de vehículos mínimos sobre el total de vehículos de transporte por carretera cubiertos en todas las licitaciones de contratación pública y contratos de servicios públicos. La directiva en vigor tiene la meta de incentivar a los diferentes compradores a invertir en vehículos respetuosos con el medio ambiente, pero la Comisión Europea detectó en una evaluación de la misma que los resultados habían sido "limitados" debido al escaso porcentaje de vehículos adquiridos en contrataciones públicas.

 

Asimismo, la normativa incluye una definición armonizada de vehículos 'limpios', basada en un umbral combinado de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de contaminantes atmosféricos para los vehículos ligeros y en los combustibles alternativos en el caso de los vehículos pesados.

Además, cada uno de los socios europeos deberá informar a la Comisión Europea cada tres años sobre la aplicación de las nuevas normas. El primer informe deberá enviarse a Bruselas antes del 18 de abril de 2026.

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