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El Gobierno cerca a Uber y Cabify con un decreto que limita las VTC

Redacción

28.09.2018 17:50h

3 min
Uber, Cabify y otras empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) lo van a tener mucho más difícil a partir de ahora en España. El Gobierno cerca a Uber y Cabify con un decreto que limita las VTC al frenar nuevas licencias y revisar las existentes en la actualidad con el fin de defender a los taxistas. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha cumplido su promesa al sector del taxi con la que acabó una dura huelga y ha presentado en el Consejo de Ministros del último viernes de septiembre un real decreto-ley que modifica sustancialmente la regulación existente hasta ahora en la que se habían amparado las VTC. Aunque da un plazo de gracia de cuatro años para la plena entrada en vigor, deja muy tocados los planes de expansión de las empresas de VTC.
  • Regulación autonómica y municiapal del servicio de las VTC

El decreto supone de facto que las licencias para los coches de alquiler con conductor dependerán de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Las administraciones autonómicas y locales podrán regular aspectos muy concretos del servicio que prestan Uber y Cabify: las condiciones de la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios y horarios obligatorios y especificaciones técnicas de los vehículos. Al finalizar el periodo de cuatro años, será obligatorio que las VTC obtengan una segunda licencia por parte de las comunidades o los ayuntamientos. Además, las actuales licencias nacionales de VTC sólo podrán ofrecer servicios interurbanos pero no urbanos como hasta ahora. Paralelamente, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación por la vía de urgencia de un anteproyecto de ley para modificar el régimen sancionador y adaptarlo a los cambios normativos anteriores. Por tanto, los coches sin la licencia municipal y que hagan servicios urbanos podrían ser sancionados.
  • Las empresas de VTC acusan al Gobierno de ceder al chantaje del taxi y poner en peligro 15.000 empleos

El ministro se ha mostrado confiado en que la más que probable impugnación del cambio normativo por parte de las empresas de VTC no prospere ya que el Real Decreto-ley está blindado jurídicamente por la Abogacía General del Estado y "absolutamente apoyado en la doctrina del Tribunal Constitucional". Además, ha recordado que una autorización "no constituye derecho de propiedad alguno" y que el Gobierno no retira ninguna: "En todo caso, los portadores de estas autorizaciones verán modificadas, y no siempre, sus condiciones de explotación". La Asociación de Empresas de VTC Unauto lamenta que el Gobierno no haya tenido en cuenta a las 15.000 familias que pueden quedarse sin empleo por lo que ha calificado de "decreto lío" al multiplicar el problema por 17, el número de comunidades autónomas. Para las empresas afectadas, la nueva norma "no hará sino sembrar de inseguridad jurídica a las autónomos y trabajadores de VTC". Para la asociación de VTC, el Ejecutivo va en contra del interés general con el único objetivo de "favorecer a un sector que parece va a conseguir sus objetivos mediante el chantaje al Gobierno". Las protestas y ñas campañas de presión llevadas a cabo por las VTC en los últimos días parece que han tenido poco efecto en el Gobierno. Una de las iniciativas fue la de ofrecer un día gratis el servicio de Uber y Cabify.

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