100 kilómetros por hora, 110, 120, 130 y sin límite. En pocos kilómetros, un automovilista se puede encontrar con esas limitaciones en un mismo tipo de carretera según el país por el que circule. La conclusión es clara: demasiada disparidad. Sin embargo, los países que mantienen un límite de velocidad bajo, como España, se están quedando poco a poco en minoría debido a la extensión de los 130 km/h.
Ya hay una quincena de países en los que se puede circular a un máximo de 130 km/h o incluso por encima o sin límite como en Alemania. Uno de los últimos en entrar en el club de los 130 es Holanda, que ha optado por un modelo mixto que consiste en permitir el nuevo límite superior solo en las autovías de tres o más carriles. Es un criterio, a priori, tan razonable como otros.
En España, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que estudian subir el límite de 120 a 130 en algunas autovías y autopistas, aunque dependerá del incremento de contaminación que comportará esa medida. Curiosamente, la velocidad media real en las autopistas españolas es de 122,5 km/h, según una investigación realizada por el Instituto Universitario del Automóvil.
El resultado de esas discrepancias europeas es un aumento del estrés en la conducción ante la incertidumbre sobre la velocidad máxima permitida por las autoridades de tráfico de cada país. Ese fenómeno se da especialmente en los cambios de país, en los que a menudo no solo cambian los límites sino también los sistemas de información de los mismos. Un ejemplo: el límite general de 120 km/h no aparece en las autovías holandesas porque se entiende que es el vigente en los tramos que no aparecen limitados a 100 sobre los indicadores de puntos kilométricos.
Mucho dinero en juego
De momento, la urgente armonización que necesita Europa en cuanto a regulación de velocidades parece que queda en un segundo plano, por detrás de la vertiente disciplinaria y recaudatoria. Una reciente directiva de la Comisión Europea ha dado a los Estados las herramientas legales para solucionar el problema de las dificultades para cobrar multas de conductores extranjeros.
Hay mucho dinero en juego. Según datos de la DGT, aunque los automovilistas no residentes suponen únicamente el 5% de media del tráfico en la Unión Europea, acumulan el 15% de las sanciones impuestas que con frecuencia acaban sin cobrar. Y en España, los radares cazaron a 26.504 conductores en solo una semana de controles intensivos en agosto. Está claro que si el Gobierno sube ahora el límite a 130 km/h, bajará la cifra de infractores y, en consecuencia, los ingresos por multas. Algo difícil de pensar cuando la caja pública está en apuros.
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