El verano ha comenzado oficialmente en Ibiza con una ola de calor cargada de tensión por un cambio en la movilidad que puede ser un experimento. Desde el domingo 1 de junio, ha entrado en vigor una de las medidas más ambiciosas —y polémicas— en la historia reciente de la movilidad en la isla: un límite estricto al número de vehículos que pueden circular durante la temporada alta. El objetivo declarado por el Consell Insular es claro: frenar la saturación de las carreteras. Pero el sector del rent a car ha llevado a los tribunales lo que considera un ataque frontal a su actividad, al mercado y al turista.
La medida, contenida en la nueva Ley de Control de Afluencia de Vehículos, fija un tope de 20.168 vehículos para este verano, de los cuales solo 16.000 pueden ser coches de alquiler sin conductor. Para cualquier vehículo que quiera acceder a la isla —ya sea desde Formentera, Mallorca o la Península— es obligatorio obtener un permiso a través de la plataforma digital IbizaCircular, que en apenas diez días ha recibido ya 4.875 solicitudes. De ellas, se han aprobado 1.265, con una estancia media de 83 días.
Recurso contencioso de Balebal
En paralelo, la resistencia ha tomado forma legal. La asociación balear de empresas de alquiler de vehículos, BALEVAL, ha presentado un recurso contencioso-administrativo, respaldado por FENEVAL, la patronal nacional del sector. Alegan que la medida vulnera tanto el derecho de libre circulación como la ley autonómica, al no haberse publicado con la antelación requerida. "Rompe la equidad del mercado, limita la competencia y genera una clara inseguridad jurídica", denuncia Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de FENEVAL.
Barahona va más allá: “Se está señalando al rent a car como el gran culpable de la saturación, cuando el sector simplemente responde a una demanda que no genera”. Según un estudio de FENEVAL y la consultora MSI, los vehículos de alquiler representan menos del 10 % del tráfico rodado en la isla. Pero, a pesar de ello, son el principal blanco de las restricciones.
Situación insostenible, según el Consell de Ibiza
El Consell de Ibiza, por su parte, defiende la medida con firmeza. “Se trata de corregir una situación insostenible que afecta al entorno, a la calidad de vida y a la movilidad”, declaró el presidente Vicent Marí. Asegura que con el nuevo sistema ya se han eliminado más de 12.000 coches de alquiler del parque circulante diario respecto a años anteriores. Y señala que el sistema funciona: la plataforma ha recibido más de 129.000 interacciones, y ya están operativas cámaras automáticas para detectar infracciones.
Sin embargo, desde BALEVAL se advierte de un daño colateral inminente: caída en la calidad del servicio, subida de precios, pérdida de competitividad turística y un impacto económico aún por cuantificar. Además, cuestionan la falta de alternativas de transporte eficaces, la ausencia de un plan de movilidad integral y el efecto de la medida sobre el empleo estacional.
'Corralito' al coche
Este nuevo “corralito al coche” llega en un contexto de creciente presión sobre el turismo de masas y de búsqueda de modelos más sostenibles, pero también en un escenario de confrontación institucional. El sector del alquiler teme que esta campaña sea solo el principio de una ofensiva más profunda, con consecuencias de largo alcance.
Mientras las primeras multas comienzan a emitirse por cámaras instaladas en los puertos y las patrullas de inspección se despliegan en busca de caravanas en suelo rústico —prohibidas expresamente—, la batalla legal avanza. La justicia deberá dirimir si el equilibrio entre sostenibilidad y economía puede imponerse por decreto… o si el modelo turístico de Ibiza debe revisarse con consenso y no con sanciones. Este verano, en Ibiza, la movilidad se ha convertido en el verdadero epicentro del conflicto. Y la carretera, en el nuevo campo de batalla.
