Varias organizaciones ecologistas y de consumidores han lanzado un nuevo llamamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para sacar del cajón la reforma pendiente de las etiquetas que da la DGT a los vehículos. Las entidades instan a Marlaska a rectificar “de manera urgente” el actual sistema de distintivos ambientales de los coches, al que consideran obsoleto, confuso y engañoso para los consumidores.
La reacción llega tras las declaraciones del ministro en el Senado, donde aseguró que el Ejecutivo revisará el sistema “cuando lo indiquen los expertos” y exista “consenso entre todos los actores implicados”. Las entidades verdes, que aseguran llevar más de cinco años reclamando una revisión del etiquetado, denuncian que el proceso abierto en 2020 solo contó con la participación del sector de la automoción y se descartó una reforma “basándose en un informe nunca publicado”.
Una reforma "pendiente, necesaria y bloqueada"
Las organizaciones recuerdan que han trasladado sus propuestas no solo al Ministerio del Interior, sino también a Transición Ecológica, Movilidad, Industria y Sanidad, sin obtener hasta ahora una respuesta que considere “el interés general, la salud pública y la protección del medio ambiente” más allá de las prioridades del mercado.
Denuncian que la etiqueta CERO se otorga a vehículos que “no son de cero emisiones”, en referencia a los híbridos enchufables con una autonomía mínima en modo eléctrico de 40 kilómetros. Consideran que tanto las etiquetas CERO como ECO, para los híbridos no enchufables, se ha convertido en un “cajón de sastre de emisiones dispares”, lo que genera confusión entre los consumidores y debilita la eficacia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades.
“Los distintivos actuales no reflejan la realidad de la contaminación de los vehículos y permiten que algunos modelos contaminantes circulen con privilegios”, critican. El manifiesto está firmado por Greenpeace, Ecodes, CECU, Ecologistas en Acción, Eco-Union, Clean Cities, T&E y Fundación Renovables.
Propuesta de etiquetas ambientales de la DGT de entidades ecologistas
Competencia mal asignada
Otra de las críticas de fondo es la asignación de las competencias de las etiquetas, que dependen de la DGT, una entidad del Ministerio del Interior, cuando, según los ecologistas, la clasificación ambiental debería ser competencia de Transición Ecológica. “El hecho de que un sistema que pretende contribuir a la descarbonización siga siendo gestionado por una dirección centrada en el tráfico y no en el medio ambiente es incomprensible”, apuntan.
Las etiquetas, denuncian, se están utilizando como base para distribuir ayudas públicas (Moves 3) y beneficios fiscales, sin tener en cuenta aspectos clave como las emisiones reales de CO₂, lo que subvenciona tecnologías contaminantes bajo el pretexto de ser sostenibles. “El sistema actual no solo es confuso, sino que no discrimina positivamente a los vehículos realmente limpios, con lo que frena la transición ecológica del transporte”, alertan las organizaciones.
Una propuesta ya presentada
En 2020, cinco entidades presentaron una propuesta técnica completa para reformar el etiquetado, que no ha sido tenida en cuenta por el Ejecutivo. En ella se proponía un nuevo sistema basado en criterios de emisiones reales, tecnología del vehículo, normas Euro y ciclo de uso, además de una gama de colores más intuitiva para los consumidores.
Esa propuesta defendía reservar la etiqueta CERO a vehículos exclusivamente sin emisiones y crear un nuevo distintivo D para los coches con emisiones de CO2 por debajo de 95 gramos, donde se situarían los híbridos enchufables y algunos híbridos convencionales.
Las organizaciones se declaran dispuestas a participar en un diálogo real y transparente con el Gobierno, pero reclaman que este sea con todos los agentes, y no solo con el lobby del motor. “Necesitamos un sistema útil, justo y coherente con los objetivos de calidad del aire, salud y clima. La etiqueta ambiental debe dejar de ser una herramienta de márketing para convertirse en una política pública eficaz”, concluyen.
Mientras el transporte continúa siendo responsable de más del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, la batalla por unas etiquetas más rigurosas sigue abierta. Para los ecologistas, no es solo un asunto técnico: es una cuestión de salud, justicia social y credibilidad institucional.
