Tras más de tres años de trámites, negociaciones y bloqueos parlamentarios, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa clave para recibir 10.000 millones de euros en fondos europeos y que pone en marcha la cuenta atrás hacia un nuevo Plan Renove nacional, reclamado desde hace años por el sector del automóvil.
El texto, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, supera así un recorrido legislativo accidentado que abarcó dos legislaturas, varias crisis políticas y más de un centenar de enmiendas de los grupos parlamentarios. La norma llega acompañada de un mensaje claro: España necesita modernizar su modelo de movilidad y rejuvenecer un parque automovilístico con más de 14 años de antigüedad media.
Gracias a una enmienda impulsada por el sector y finalmente asumida por el Gobierno, la ley contempla la creación de un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico Español, que deberá ponerse en marcha mediante un reglamento en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley. Este plan incluirá ayudas directas para la compra de vehículos nuevos o de ocasión de bajas y cero emisiones, así como incentivos a la retirada voluntaria de coches antiguos, con el objetivo de reducir emisiones, mejorar la seguridad vial y reactivar la industria nacional.
El sector del automóvil exige rapidez con el Plan Renove
Aunque el texto legal ya contempla la creación de un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico, el sector alerta de que su éxito dependerá de cómo y cuándo se ponga en marcha.
Desde Faconauto, su presidenta Marta Blázquez pidió “activar el plan cuanto antes” y hacerlo “de forma ágil, homogénea y orientada al ciudadano”.
“Un Plan Renove bien diseñado puede ser la gran palanca de cambio que el sector y la sociedad necesitan. El cliente debe poder acceder a la ayuda en el momento de la compra, sin burocracia”, subrayó Blázquez, recordando el ejemplo del programa autonómico valenciano Reinicia Auto+, que “funcionó con eficacia y dinamizó la actividad comercial”.
Ganvam, por su parte, pidió ayudas “directas y eficaces” y un sistema de gestión centralizada que permita aplicar el descuento “en factura y al instante”. Su presidente, Jaime Barea, insistió en que la movilidad sostenible debe ser accesible y asequible: “El 60% del parque español supera los 10 años. No podemos hablar de descarbonización si los ciudadanos no pueden cambiar su coche”.
Lecciones del pasado y mirada al futuro
El sector recuerda el fracaso del Plan Renove de 2020, que ofrecía ayudas de apenas 400 a 800 euros, insuficientes para estimular la renovación. Por ello, las patronales reclaman subvenciones más ambiciosas, especialmente para vehículos Euro 6d y electrificados, siguiendo el modelo de País Vasco, Galicia o la Comunidad Valenciana, donde las ayudas llegan a 2.000 euros por coche de bajas emisiones.
Para Anfac, Faconauto y Ganvam, la clave está en diseñar un programa “sencillo, fiable y con resultados medibles”, capaz de rejuvenecer el parque, reducir emisiones y reforzar la seguridad vial, al tiempo que impulsa la industria nacional de automoción.
Una ley con historia
El anteproyecto original, aprobado en marzo de 2022, contemplaba medidas tan polémicas como la implantación de peajes en las autovías para cumplir compromisos con Bruselas, una propuesta que el Gobierno acabó retirando a cambio de fijar objetivos medioambientales más ambiciosos. La disolución de las Cortes en 2023 paralizó la tramitación, y no fue hasta febrero de 2024 cuando el ministro Óscar Puente recuperó el texto. Las negociaciones se complicaron por la aritmética parlamentaria, los efectos colaterales del caso Koldo y las exigencias de Podemos, que llegó a amenazar con tumbar la norma si no se paralizaban las ampliaciones del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat.
El acuerdo ‘in extremis’ entre el Ejecutivo y el grupo morado permitió finalmente desbloquear el proyecto: las obras de El Prat no comenzarán hasta al menos 2031, y cualquier actuación deberá cumplir con los objetivos climáticos del programa europeo Fit for 55. Ya en el Senado, el texto superó las más de ochenta enmiendas introducidas por el PP, que no lograron alterar su contenido esencial.
Qué incluye la nueva ley
La Ley de Movilidad Sostenible fija los principios de una movilidad considerada derecho social, incorpora un nuevo mapa concesional de rutas de autobús, obliga a instalar puntos de recarga eléctrica en las gasolineras y establece que las empresas diseñen planes de movilidad sostenible para sus trabajadores.
También mantiene el actual sistema de etiquetas medioambientales de la DGT, descartando su revisión. Una decisión celebrada por los fabricantes, que consideran que evita “confundir al comprador” en pleno proceso de electrificación del mercado. “Las etiquetas vigentes ya responden a las normativas europeas que miden emisiones nocivas para la salud. El CO₂ está regulado por otros instrumentos fiscales y climáticos”, defendió Anfac, la patronal de los fabricantes de automóviles y camiones.
