Los coches eléctricos tienen desde este mes más ayudas públicas. Hasta 10.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico. Sin embargo, la nueva deducción en el IRPF cae, de nuevo, en los mismos problemas del Moves. Son ayudas que se dan muy en diferido, y que, junto con el intrincado plan Moves, han creado la nueva figura del gestor experto en la tramitación de subvenciones a la electromovilidad.
España se ha convertido en uno de los países europeos y todo el mundo con una ayuda más generosa por la compra de un automóvil eléctrico, y tambioén por un híbrido enchufable. A los 7.000 euros del plan Moves 3 por cambiar un turismo de combustión viejo por uno eléctrico (5.000 euros por un híbrido), hay que añadir ahora 3.000 euros gracias a la deducción del 15% en la cuota del IRPF sobre una base máxima de 20.000 euros.
Los 10.000 euros, espejismo o pesadilla
Esos 10.000 euros de un eléctrico, y los 8.000 de un híbrido enchufable, superan el incentivo de 9.000 euros de Alemania para animar a sus habitantes a dar el paso a la electromovilidad. Visto así, es un plan que no puede fallar porque el Gobierno ha tirado de la chequera para que España recupere el tiempo perdido y deje de ocupar los últimos puestos en el avance de la movilidad eléctrica.
Pero, ahora que el calor arrecia, esos 10.000 euros pueden ser un espejismo o una pesadilla, depende de la vivencia de cada usuario. La vicepresidenta Nadia Calviño justificaba la aprobación de la nueva ayuda fiscal para superar el atasco que sufre la gestión del Moves en las comunidades autónomas y para empujar más la electromovilidad a la vista del retraso acumulado. Pero hemos tropezado dos veces con el mismo problema.
La deducción del IRPF es, también, una ayuda en diferido, que llegará a la cuenta del comprador cuando haya la declaración de renta, es decir, entre uno y dos años después de la compra, dependiendo de la celeridad de la Agencia Tributaria en el caso de que salga a favor del contribuyente.
Gestor de subvenciones
A pesar de los elogios de las patronales del sector del automóvil, también ha habido críticas al no solventar el grave problema de la demora en el pago de las subvenciones. Se pedía una ayuda inmediata en el momento de la compra que no ha llegado.
La compra de un coche eléctrico se convierte así en un nuevo generador de burocracia insufrible que abruma a quien se acerca con ilusión a la nueva forma de propulsión. La figura del gestor de las ayudas se impone tanto para los propios usuarios como para las administraciones, enfangadas en los protocolos. El último ejemplo escandaloso conocido es el de la Generalitata de Cataluña, que ha pagado solo 4,6 millones, un 3%, de las ayudas solciitadas por el tapón que sufren los 15 funcionarios que estudian los miles de expedientes. La solución del Govern recurre a la vieja receta de la subcontratación con una empresa externa que alivie el papeleo. A partir de ahora habrá que sumar también los gestores de la deducción en la Agencia Tributaria, que también exigirá garantías.
