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El Congreso debate de nuevo la indemnización a concesionarios

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, pide a los grupos parlamentario que apoyen una enmienda con una indemnización de las marcas a concesionarios

Gerardo Pérez interviene en el Congreso de Faconauto

Gerardo Pérez interviene en el Congreso de Faconauto

Toni Fuentes

08.05.2023 14:46h

4 min

Faconauto ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que actúen como árbitros en el conflicto que mantienen los concesionarios con los fabricantes de automóviles. La patronal de la distribución de vehículos ha pedido a los partidos que voten a favor de la enmienda a la Ley de Agencia presentada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdCAT) que daría a los concesionarios una indemnización "justa" si la marca cancela su contrato de manera unilateral. 

Con esta 'indemnización por despido', Faconauto pretende solventar lo que a su jucio es un desequilibrio a favoir de las marcas. El objetivo es frenar decisiones unilaterales como la de del grupo Stellantis, que ha convertido toda su red en el formato de agencia y a cerrado numerosos puntos de venta. Según Faconauto, la propuesta "solo" pretende establecer un mínimo marco indemnizatorio para los concesionarios en caso de extinción unilateral del contrato que los vincula a las marcas en tres aspectos concretos: inversiones no amortizadas, fondo de comercio y personal laboral ligado a su actividad. En este sentido, la reforma "aseguraría" la viabilidad y el empleo de las pymes que se vieran afectadas por estas reestructuraciones.

En junio de 2022, PdCAT presentó una enmienda en el mismo sentido, que fue retirada para iniciar un proceso de diálogo con los fabricantes, aunque no fructificó. En la propuesta de enmienda actual, Faconauto asegura que los planteamientos se han reducido debido a su voluntad por alcanzar un marco consensuado.

Faconauto suaviza al propuesta

La primera enmienda presentada proponía una indemnización por clientela equivalente al margen medio anual obtenido por el establecimiento en los últimos cinco años, entendiendo como margen la remuneración total pagada por el empresario al concesionario, incluyendo cualquier compensación, incentivo o remuneración adicional. Esta indemnización no podría ser en ningún caso inferior al 5% del volumen de ventas anuales del último ejercicio, y a ella se tendrían que sumar las indemnizaciones derivadas por incumplimientos contractuales, inversiones impuestas o pactadas no amortizadas y las indemnizaciones por despido del personal afectado por el cierre. Asimismo, la propuesta contemplaba que la extinción del contrato no implicase, salvo acuerdo expreso, la extinción de los servicios de posventa.

Sin embargo, la nueva propuesta indica que la rescisión del contrato de una marca con un concesionario generara "una justa indemnización por el fondo de comercio, las inversiones no amortizadas para la ejecución desarrollo del contrato y las indemnizaciones relativas al personal laboral que trabajase para el agente, distribuidor o concesionario". El importe de esa indemnización sería el importe medio anual de las remuneraciones del agente en cinco años o menos si el contrato es inferior.

Inversiones y empleos en juego

"Necesitamos que los partidos políticos aprueben este equilibrio legal para asegurar las importantes inversiones que hacen los concesionarios en cada rincón de nuestro país", ha asegurado el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez. "Sin este amparo legal, cuando una marca decide de la noche a la mañana reestructurar su actividad, como ahora mismo está ocurriendo (en referencia a Stellantis), se pone en riesgo un tejido muy valioso formado por pymes y miles de puestos de trabajo cualificados", ha añadido Pérez.

La patronal considera "urgente" apoyar el cambio de ley porque hay una tendencia de las marcas a la concentración o a pasar los contratos de distribución a las agencias, cancelando los acuerdos vigentes. Además, Faconauto asegura que todos los países del entorno tienen normas específicas, a las que están introduciendo modificaciones como las que proponen, que amparan la actividad de los concesionarios, mientras que en España la regulación en este aspecto depende de normas europeas. La patronal cree que es "necesario" que España evite ser el único país que deja a los concesionarios de automoción en una situación de desamparo legal.

Por su parte, Ganvam considera que la modificación de la Ley del Contrato de Agencia que impulsa el PdeCAT daría a los jueces instrumentos para proteger a los concesionarios. Hasta ahora, cuando los tribunales han aplicado la Ley de Contrato de Agencia a supuestos de cancelación que no estaban previstos en dicha normativa, lo han hecho atendiendo a las circunstancias de cada caso, habiendo considerado que se había producido incumplimiento de contrato, competencia desleal, falta de preaviso y otras circunstancias.

Sorpresa de Anfac

El director Corporativo de Ganvam, Jaime Barea, ha explicado que la modificación no se podría aplicar a contratos o situaciones anteriores a su entrada en vigor, salvo que, por disposición transitoria, se indique lo contrario.

Los fabricantes de vehículos han reaccionado con incredulidad ante la iniciativa de los concesionarios. Anfac, presidida por Wayne Griffiths, presidente de Seat, considera que "la enmienda llega en un momento en el que las relaciones entre marcas y concesionarios están en su mejor momento de los últimos cinco años". 

Además, Anfac rechaza modificar la normativa al considerar que no existe ningún vacío legal. Recuerda que la normativa de la UE establece que hay que dar dos años de preaviso para finalizar un contrato. Es lo que ha hecho de forma unilateral Stellantis, por ejemplo.

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