Stellantis es un grupo que en España presume de sus coches 'made in Spain'. Entre esos vehículos se encuentran varios que se producen en la histórica fábrica de Citroën de Vigo, convertida ahora en multimarca. Sin embargo, ninguno de esos modelos formará parte de la flota de coches oficiales del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha optado por otro modelo más lujoso y 'made in China'. Es el último ejemplo del maltrato que sufre la industria automovilística española por parte de la mayoría de los dirigentes políticos del país.
El nuevo coche oficial de Alberto Núñez Feijóo es un DS 9, una lujosa berlina de la marca francesa del grupo Stellantis que se fabrica en China debido a la alta demanda de esta limusina por parte de los políticos y los empresarios del país asiático. El presidente de la Xunta se ha querido apuntar también a los usuarios que viajan en el espacioso asiento trasero del DS 9, con lo que supera incluso al presidente francés, Emmanuel Macron, que tiene como coche oficial un DS 7 Crossback, un SUV de gama alta que sí se fabrica en Francia.
Casi 200 coches para la Xunta
El nuevo coche oficial de Feijoo forma parte de un concurso de casi 200 vehículos adjudicados a Stellantis y que ya se están empezando a entregar a la Xunta, tal como publica el diario La Voz de Galicia. El DS 9 chino sustituye al Citroën C5 francés.
Feijoo tenía una amplia gama de modelos fabricados en Vigo para escoger como coche oficial. Si buscaba espacio, podía haber elegido un Citroën C4 Spacetourer y si, además, quería un vehículo sin emisiones tenía a su disposición el modelo Peugeot E-Traveller.
Apoyo a empleos lejanos
Pero el presidente de la Xunta no es, ni mucho menos, un caso aislado, sino mas bien lo contrario, un prototipo de político demasiado extendido. Lo podemos ver en otros presidentes de comunidades autónomas, alcaldes y en el propio presidente del Gobierno central, que optan por limusinas fabricadas a miles de kilómetros de sus plantas más cercanas con la excusa de que los modelos locales no se ajustan a sus necesidades o que los coches oficiales elegidos forman parte del mismo grupo propietario de las factorías. También podemos ver ese menosprecio a la industria local en contratos como los de la Policía Nacional o la Guardia Civil renovando sus flotas con modelos que crean empleos muy lejanos.
Por suerte, muchos ciudadanos se desmarcan de sus políticos, que no dan ejemplo, y eligen modelos fabricados en sus proximidades, tal como tienen comprobado los fabricantes.
