El impuesto sobre el CO2 que quiere imponer la Generalitat de Cataluña a los vehículos censados en la comunidad ha recibido un suspenso sin paliativos por parte de los agentes sociales. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) desmonta de arriba a abajo los argumentos del Govern para poner en marcha un impuesto que, según sindicatos, patronales y entidades sociales, está mal planteado, aumentará la incertidumbre sobre los consumidores y perjudica a 24.275 empresas.
"El CTESC comparte la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono", afirma el órgano consultivo del Govern como único punto de coincidencia con el anteproyecto de ley sobre el que ha emitido el dictamen. A partir de ahí, los agentes sociales desgranan el reguero de críticas a un proyecto legal para el que reclaman su retirada ante los múltiples efectos negativos que puede provocar el nuevo impuesto y por "no garantizar el cumplimiento del objetivo que motiva su creación".
Torpedo a las bases técnicas
Para empezar, el dictamen del CTESC torpedea las bases técnicas del nuevo impuesto sobre el CO2 para vehículos de tracción mecánica. El órgano considera que la base imponible del impuesto tendrían que tener en cuenta los kilómetros reales recorridos para cumplir con la finalidad de gravar las emisiones de forma proporcional.
Pero, además, el dictamen advierte de que el impacto del nuevo gravamen es parcial al escaparse los vehículos que circulen por Cataluña pero que sean de propietarios registrados en otras comunidades o países.
Sin escuchar al sector
Para los agentes sociales, el Govern "no ha tenido en cuenta el impacto del impuesto propuesto sobre la industria del automóvil y la de componentes de automoción, ni sobre los sectores de la dstribición y la gestión de flotas". Por ello, propone encargar los informes necesarios sobre el impacto del nuevo gravamen.
El CTESC alerta de que los impuestos sobre los vehículos y sus emisiones "pueden generar en los consumidores dudas e incertidumbre a la hora de adquirir un vehículo nuevo". Además, el nuevo impuesto impactará negativamente en la competitividad de 24.275 empresas, de las que 23.277 son micropymes en lamayoría de los casos dedicadas al transporte de mercancías por carretera.
Por último, el organismo consultivo rechaza que la entrada en vigor del nuevo impuesto en 2020 tenga efectos retroactivos.