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Segundo paro de transportistas en 8 meses. Causas y efectos

La Plataforma en Defensa del Transporte anuncia una nueva convocatoria indefinida para exigir el cumplimiento de los acuerdos

Segundo paro de transportistas en 8 meses. Causas y efectos / EUROPA PRESS

Ángel González

07.11.2022 23:07h

7 min

Segundo paro de transportistas en España en ocho meses. La Plataforma en Defensa del Transporte, que agrupa a autónomos y pequeñas empresas de camioneros, ha anunciado la convocatoria de un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo.

La nueva convocatoria ha reavivado los recuerdos del paro de transportistas que se llevó a cabo en marzo pasado, que provocó tensiones en las cadenas de suministros en algunos sectores y también mucha tensión en la carretera con incidentes violentos con algunos camioneros que pretendían seguir trabajando. Nuevamente, Manuel Hernández, presidente de la plataforma, es la cara visible del conflicto y quien ha dado a conocer el resultado de la votación que han llevado a cabo las delegaciones provinciales de la organización.

Motivos del paro de transportistas

¿Por qué convocan este paro del transporte de mercancías por carretera? La protesta tiene lugar después de analizar la situación actual del sector, tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Entre estas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.

La Plataforma ha seguido denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento. Por ello, la Plataforma decidió reanudar los paros.

Cierres de empresas

"La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir", ha señalado Hernández en rueda de prensa este lunes, quien ha puesto el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores.

"Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen", ha denunciado. Para Hernández, los "pequeños desajustes" en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno "son muertes laborales", y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.

"No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque está llegando a haber casos de suicidios", ha advertido.

¿Qué piden los camioneros?

La Plataforma solicita también que se extienda la cobertura de la ley de costes a todo tipo de transporte por carretera, incluyendo el furgonetero, ligero, pesado y de áridos. 
También exige que se incluyan las mismas partidas para todo tipo de transporte en el cálculo de los costes, con gastos como la amortización, financiación y seguros del vehículo, el personal de conducción, los costes fiscales, el combustible, las dietas, el mantenimiento y las reparaciones o los peajes.

Por último, exigen que se dé validez a todas las denuncias de las organizaciones de transportes y de cualquier afectado, que se multe al cargador principal, al cargador contractual y al transportista; establecer sanciones de entre 70.000 y 90.000 euros, y eliminar las exenciones para no poder ser multado. 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido su "preocupación" ante otra posible huelga en el sector del transporte y ha apelado a la "responsabilidad" del colectivo. Sánchez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha destacado que las condiciones y las circunstancias del sector han mejorado y que el Gobierno seguirá trabajando para el cumplimiento de lo acordado.

Transportes ofrece diálogo

Tras ofrecer diálogo para "reconducir" los "pequeños desajustes" que puedan existir, ha hecho un llamamiento a los transportistas para que no vayan de nuevo a la huelga, sobre todo ante el "momento complejo" actual. La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.

"Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros", ha subrayado la ministra, que ha avanzado además que su Departamento está ultimando un plan de Inspección, que presentará "en las próximas semanas", donde se refuerzan los mecanismos de inspección.

El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano interlocutor del sector con el Gobierno, ha considerado que convocar un paro indefinido para reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo "no es la solución". Las asociaciones que forman parte del CNTC no secundan el paro y "apuestan por trabajar con la Administración en la búsqueda de soluciones".

Rechazo del sector

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor patronal del sector, ha pedido la intervención de las fuerzas de seguridad y ha advertido de que el paro podría elevar aún más los precios en los supermercados.

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha subrayado que "no hay motivos para una medida como esa que nos perjudicará a todos dentro y fuera del sector", después de que se consiguieran significativos cambios en la actividad. En su opinión, lo que hay que hacer es utilizar las herramientas que proporciona el actual marco legislativo y "no esperar que el Gobierno negocie, en nuestro lugar, con aquellos clientes que no cumplen la ley".

La patronal del transporte frigorífico Atfrie ha dicho que no puede compartir el diagnóstico efectuado por la Plataforma, ni las soluciones que ésta propone, y considera que el mejor camino para encontrar soluciones viables, duraderas y efectivas es la negociación y es innegable que el Ministerio tiene voluntad de negociar soluciones para el sector con su órgano representativo, el CNTC.

La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) ha calificado el nuevo paro de "irresponsable", porque "pone en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que se juegan ahora su cuenta de resultados". UNO rechaza que exista un precio mínimo en los servicios de transporte y lo tilda de "completamente ilegal e imposible en una economía de libre mercado como la nuestra", al tiempo que exige que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro.

Efectos del paro del transporte

Las principales organizaciones que conforman la cadena alimentaria y la hostelería han reclamado seguridad y garantías para el abastecimiento y para evitar que se repitan las "graves incidencias y episodios violentos" de marzo pasado. A su juicio, este nuevo paro llega en un momento complicado para la cadena alimentaria, ya "gravemente tensionada" por el complejo escenario internacional.

El sector hortofrutícola ha asegurado que el Gobierno debe garantizar el libre tránsito y el acceso a los mercados nacional y exterior", y más en un "periodo de máxima actividad" para el comercio de estos alimentos básicos como es "el mes de noviembre", en el que el volumen comercializado de frutas y hortalizas alcanza de media las 600.000 toneladas semanales, cuyo valor ronda los 700 millones de euros.

También hay una "preocupación extrema" en el mercado de cereales y en la cadena de fabricación y suministro de piensos, donde los precios están disparados, por lo que reclaman que se negocie, "en la medida de lo posible", una solución que evite el paro o bien les deje fuera de este. 

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