Entre los puntos débiles que frenan el desarrollo de la moviliadd eléctrica se encuentra el de la jungla de puntos de carga de los vehículos. El Gobierno acaba de dar un nuevo paso, pero no el último, en el camino para que los usuarios de los coches eléctricos dispongan de un mapa oficial sobre los enchufes disponibles y de la información relacionada con ellos. Se trata, según ha reconocido la vicepresidenta Teresa Ribera, de mejorar la "fiabilidad" de la infornación de los puntos de carga y evitar así la frustración de no poder enchufar el coche porque el punto está fuera de servicio o bien ocupado.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la actividad de prestación de recarga de vehículos eléctricos, con obligaciones y derechos de los agentes que participan de la actividad, como la remisión de información sobre las características de las instalaciones para elaborar un mapa oficial de puntos de recarga que se hará público "en los próximos meses". Este decreto estaba pendiente de publicar desde hacía meses, pero requerirá también de un reglamento.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que el real decreto aprobado pretende "consolidar la fiabilidad de las infraestructuras de recarga" para impulsar la consecución del objetivo de que a finales de 2023 haya 100.000 puntos públicos de carga eléctrica para vehículos en España. La ministra ha subrayado que se regularán "las obligaciones a las que quedan sometidos aquellos que instalan en un espacio público un punto de recarga, incluidas las de información importante para mapear y conocer la disponibilidad de cada punto de recarga o el precio de la recarga en cada una de las instalaciones en vía pública".
Información disponible
Los operadores deberán informar del origen de la energía eléctrica suministrada, al tiempo que tienen que disponer de un servicio de atención al cliente y deben preservar el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad.
Este real decreto refuerza la obligatoriedad de la recarga puntual en estaciones de acceso público, "sin que puedan establecerse barreras de naturaleza técnica o contractual, garantizando el acceso de todos los usuarios de vehículos eléctricos a la recarga y reduciendo la denominada 'ansiedad de la autonomía'". Queda por ver qué sucedewrá con los puntos de carga de Tesla, que son exclusivos para los usuarios de sus vehículos.
Los operadores y proveedores deberán remitir al Ministerio y a las comunidades autónomas la información necesaria para publicar un mapa oficial de puntos de recarga en el que se indique la localización, características y precio de la recarga, entre otros datos. El Gobierno regulará, a través de una orden ministerial en tramitación actualmente, la información a remitir por estas partes.
Operadores y proveedores
La norma establece dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recarga de los vehículos eléctrico. La primera es el operador del punto de recarga, que es el titular de los derechos de explotación de las estaciones y responsable de su operativa física. La segunda figura es la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica, que ejerce como intermediario entre los operadores y usuarios los coches eléctricos, que puede prestar servicios de valor añadido a dichos usuarios.
Esta normativa solo afecta los puntos de recarga de acceso público, estableciendo los derechos y obligaciones de los operadores y proveedores de servicios con el objetivo de facilitar las recargas y reforzar la protección de los usuarios.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico indicó que está desarrollando un marco regulatorio "incentivador" del despliegue de puntos de recarga, que se concreta con ayudas económicas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
