La prórroga para la descarbonización de camiones, autocares y otros vehículos industriales está encontrando cada vez más oposición. En las últimas semanas, organizaciones ecologistas y también algunas empresas con grandes flotas de estos vehículos han reclamado a la Unión Europea que no haya ninguna excepción y que aplique a rajatabla el veto a la venta de motores de combustión en 2035 también a camiones y autobuses, además de turismos, furgonetas y motos.
La propuesta de la Comisión Europea consensuada con los países miembros y el Parlamento Europeo, que está pendiente de su ratificación final, prevé la prohibición de vender vehículos de gasolina o diésel a partir de 2035 con la excepción de los camiones y autocares, que tendrían una prórroga hasta 2040. Sin embargo, ese tiempo extra está generando críticas basadas en los efectos negativos que podría causar la proliferación de vehículos industriales dentro de 15 años. Incluso podría llegar a neutralizar la reducción de emisiones de CO2 lograda por el veto a los turismos de combustión, según un estudio de Transport & Environment.
Más emisiones de vehículos pesados
Las emisiones de CO2 de vehículos pesados aumentaron en un 29% entre 1990 y 2019 en España, según la entidad ecologista. Se espera que la actividad de los camiones en España aumente en otro 40% entre 2020 y 2050 y la actividad de los autobuses llegará a triplicarse (+201%) en ese mismo periodo, según la Comisión Europea.
"Establecer el límite en 2040 sería muy tarde, ya que los camiones emitirían 644 millones de toneladas más de CO2 para 2050 de lo que lo harían en el escenario a 2035. Esa cifra constituiría el 4% del presupuesto total restante de carbono de la UE, y equivaldría a las emisiones anuales de transporte por carretera actuales de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Polonia, juntas", según las estimaciones de T&E.
La iniciativa para vetar los camiones y autobuses diésel en 2035 fue lanzada en septiembre por una coalición de 39 asociaciones de 14 países europeos y ligadas al medio ambiente, la salud y la protección de los consumidores. Enviaron una carta a la Comisión Europea para pedir al organismo que en 2035 "todos los camiones nuevos sean de cero emisiones", según informó Transport & Environment (T&E), una de las organizaciones firmantes.
Ahora, esa alianza alcanza ya las 44 empresas y asociaciones industriales con la adhesión de Climate Group. Entre las nuevas empresas firmantes se encuentran Unilever, Orsted, Siemens, Pepsico, Henkel, Maersk, DFDS o Novo Nordisk, usuarias de grandes flotas de vehículos industriales. Alguna de ellas, como Pepsico, están abanderando la transición ecológica con los primeros pedidos del nuevo camión eléctrico Tesla Semi.
Objetivo "factible" en 2035
La alianza considera que el límite para 2035 es "factible" y "necesario" para sustituir por completo la flota de camiones de la UE con el objetivo de que el bloque comunitario alcance la neutralidad climática en 2050. Argumentan que los camiones solo representan el 2% de los vehículos que circulan por las carreteras, pero son responsables de más de una cuarta parte de las emisiones de CO2 del transporte por carretera de la UE.
Los vehículos pesados y de transporte por carretera también son una de las mayores fuentes de contaminación por material particulado (PM) y óxidos de nitrógeno (NOx), que se estima son responsables de unas 350.000 muertes prematuras al año en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.
La coalición también ha propuesto a Bruselas que permita una exención adicional de cinco años, hasta 2040, para la venta de ciertas categorías de vehículos especializados, como los camiones de construcción. También reclaman que sería necesario que la UE definiera unos objetivos de reducción de CO2 más estrictos para los fabricantes de camiones (de un 30% menos en 2027, y de un 65% menos en 2030) para garantizar que el suministro de camiones más limpios se amplía en la segunda mitad de esta década.
En cambio, la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos (ACEA) rechaza el establecimiento de objetivos intermedios de reducción de CO2 antes de 2030 y no considera que un objetivo general del -100 % o una fecha de eliminación gradual del motor de combustión interna "sea una política razonable en este momento".
