Hay una nueva competición en España. Se trata de ver qué comunidad autónoma o ayuntamiento muestra más dureza en el cerco al diésel y la gasolina. Para ello, hay que adelantar los plazos para vetar las ventas y la circulación de coches con motor de combustión interna, como si se tratara de artilugio electrónico más importado de China o Vietnam. El problema es que la competencia por demostrar quién tiene la ley más dura contra los vehículos contaminantes es un peligroso bumerang que impacta directamente contra nuestra economía y, también, en la paradoja de que empeora la calidad del aire.
Esta semana hemos tenido algunas noticias relacionadas con el nuevo hastag de #AutonomíasContraelDiésel. Por un lago, el Gobierno de Baleares ha aceptado, a regañadientes y enmascarando la realidad, dejar sin efecto la polémica prohibición de vender coches diésel en las islas a partir de 2025 después del anuncio de un recurso ante el Contitucional por parte del Gobierno central. Unas horas después de firmar el acuerdo, el consejero balerar de movilidad presumía de que la ley antidiésel sigue en vigor.
Recortes de plantillas
Además, el Govern de Quim Torra responde a la emergencia climática impulsando la implementación de la ley de cambio climático, que prevé la prohibición de venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2030, 10 años antes de lo que tenía previsto el Ejecutivo central.
Y mientras tanto, la multinacional alemana Continental ponía el contador en marcha para abandonar su fábrica catalana, en la que trabajan cerca de 800 empleados, como consecuencia de la digitalización de los vehículos a la que obligan los nuevos coches eléctricos.
Mejor competir en ayudas
Por suerte, hay algunas comunidades que tiene una competencia más sana y constructiva: la puesta en marcha de planes Renove de ayuda a la renovación de coches viejos y muy contaminantes que no excluyan la compra de turismos nuevos de gasolina y diésel, que reducen las emisiones de forma sustancial y que pueden ser un paso intemedio para muchos consumidores antes de entrar en la nueva movilidad eléctrica.
Eso es también lo que opina la OCU, una de las voces de los consumidores, al defender un Renove inclusivo y más posibilista que cualquier plan Moves de ayuda únicamente a los vehículos eléctricos. Ahora solo hace falta que el nuevo Gobierno central articule un marco general lo suficientemente flexible como para que las comunidades lo adapten a sus particularidades pero compitiendo en positivo y siempre ofreciendo alternativas a la sociedad. Más política real y menos escaparate.
