Las minas del litio con el que se fabrican las baterías de los vehícuos eléctricos se han convertido en un activo estratégico y también en una fuente de corrupción y en una causa para la caída de un Gobierno. Unas concesiones bajo sospecha para la explotación de litio en unas minas de Portugal y proyectos relacionados con el hidrógeno verde para crear energía limpia han provocado la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa.
La Fiscalía de Portugal informó de que se han registrado más de 40 lugares y que estas pesquisas se centran en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
La residencia oficial del primer ministro de Portugal, António Costa, fue uno de los más de 40 lugares registrados, junto a los Ministerios de Infraestructuras y de Ambiente. Las primeras detenciones incluyen la del jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, un consultor del primer ministro, Lacerda Machado, y la del alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas.
Concesión de mina de litio
En el caso del litio, está bajo el foco de los investigadores una concesión a la firma Lusorecursos de la exploración de este mineral en la zona de Montalegre. De acuerdo al diario Expresso, la causa se remonta también a 2019 cuando João Galamba, entonces secretario de Energía y actual ministro de Infraestructuras, concedió a Lusorecursos Portugal Lithium autorización para llevar a cabo la exploración de litio.
La cadena de televisión CNN Portugal aseguró que este proyecto, valorado en 380 millones de euros, fue concedido a Lusorecursos por un plazo de 50 años. El canal recordó que, según la ley, para que una empresa pueda ganar un concurso de exploración por 50 años, debe de haberse hecho primero con la prospección, cosa que no ocurrió con Lusorecursos y lo que levantó sospechas de que se había producido presunta corrupción.
Escuchas, hidrógeno verde y trato de favor
En enero de 2021, una información del semanario Expresso recogía que el Ministerio Público consideraba sospechosa una escucha al entonces ministro de Ambiente luso, João Matos Fernandes, en la que conversaba con Costa, en unas pesquisas sobre posibles irregularidades en el negocio del hidrógeno verde. Según el medio luso, el Tribunal Supremo de Justicia admitió en aquel momento incluir la grabación en la investigación sobre un supuesto trato de favor del Gobierno de Costa a empresas lusas en el ámbito del hidrógeno verde.
En esa conversación no se encontraron indicios de delito y en ella Costa y Matos Fernandes hablaban sobre las negociaciones en curso para definir la localización de un proyecto de hidrógeno verde, una refinería de litio, los posibles interesados en el negocio y la posibilidad de una colaboración con España.
La revista "Sábado" desveló en su día que este caso se abrió tras una denuncia anónima en 2019 que apuntaba que el Gobierno luso había favorecido a empresas portuguesas que integraban un consorcio para construir en Sines un proyecto industrial de hidrógeno verde. Entre estas compañías estaban EDP, la petrolera Galp y REN, que junto con la lusa Martifer y la danesa Vestas, anunciaron que se habían unido en un consorcio para estudiar la creación de un clúster industrial para producir hidrógeno verde en Sines.
Implicación de Costa
La Fiscalía sospecha ahora de tráfico de influencias y de corrupción en los proyectos que había en Sines, una planta de hidrógeno verde y un centro de datos, conocido como H2Sines, para desarrollar un gigavatio de potencia de producción de hidrógeno, que serviría como combustible para una refinería de Galp y otras instalaciones, además de generar excedente para exportación.
Todavía no se sabe bien cuál es el alcance de la presunta implicación de Costa en estos proyectos, aunque la Fiscalía portuguesa indicó que varios sospechosos han hablado de la supuesta involucración de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos". La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad "Start Campus" y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.
También han sido declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) Galamba y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.
