Las empresas metalúrgicas de Cataluña, en las que la automoción tiene un peso muy elevado, sufren la falta de personal para desarrollar su actividad. El presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), Jaume Roura, ha cifrado en 9.000 trabajadores las vacantes pendientes de cubrir en el sector del metal en Cataluña, algo que el sector considera incomprensible.
"El empresariado catalán metalúrgico necesita disponer de 9.000 trabajadores y trabajadoras de forma inmediata. Teniendo en cuenta que cerca de 90.000 están en paro, no entendemos qué está pasando", aseguró Jaume Roura durante su intervención en la asamblea y el segundo encuentro del metal celebrado en la sede de la patronal en Barcelona.
El paro en Catalunya aumentó en 64.000 personas en el primer trimestre de 2023 y la tasa de paro subió hasta el 10,37% con 407.200 desempleados, según la EPA. Catalunya se situó como la segunda comunidad autónoma donde más creció el paro en números absolutos.
Huelgas evitadas
Jaume Roura se refirió a que los últimos acuerdos firmados con los sindicatos lograron evitar una oleada de huelgas que "hubieran dificultado los procesos de transformación". El último convenio colectivo metalúrgico de Barcelona tiene una vigencia de tres años, de 2022 a 2024, con unos aumentos salariales pactados de un 4,2% para 2022 con efecto retroactivo desde el 1 de enero, un 3,9% para 2023 y un 3,9% para 2024. Además, el acuerdo garantiza el 85% de la diferencia entre la suma de los IPC reales de los tres años del convenio con la cifra acumulada de incrementos salariales.
Durante el encuentro del metal, Jaume Roura lamentó las trabas burocráticas que sifren las empresas metalúrgicas para actividades como la instlación de puntos de carga públicos. "Para tener una licencia de obras, la aprobación por un punto de recarga eléctrica, entre otros, podemos llegar a esperar la respuesta administrativa de 18 a 24 meses. Es insostenible". El presidente de UPM recordó que, en sentido inverso, la administración es inflexible con los plazos que exige a las empresas.
Puso como ejemplo del impacto de la burocracia la comarca del Vallès, en la que hay más de 600 millones de euros en proyectos parados porque las empresas están pendientes de recibir licencia de actividades o permiso de obras. Por todo ello, concluyó: "El empresariado nos sentimos desprotegidos". En último término, Roura se refirió a los convenios:
