Los comités de empresa de las fábricas de Nissan de Barcelona han reaccionado ante la aparicion de nuevas trabas para la reindustrialización de las plantas que cerrarán a final de año. Los sindicatos han reclamado una reunión urgente de la comisión de reindustrialización e instan a buscar una alternativa para contar con el apoyo de una consultora que impulse la búsquede y análisis de alternativas industriales a Nissan.
El recurso presentado por la consultora Metyis (antes YGroup) contra la adjudicación del contratato de asesoría a la comisión de reindustrialización de Nissan a la firma KPMG ha generado las críticas sindicales ante el retraso que puede causar. Las alegaciones planteadas por Metyis pueden dejar sin efecto de forma cautelar el contrato de KPMG, que acaba de asumir la gestión a final de enero.
"Desde los Comités de Empresa hemos solicitado una reunión urgente de la mesa de reindustrialización para analizar cuales pueden ser las consecuencias de este recurso, así como mostrar nuestra indignación por el conocimiento de este movimiento a través de la prensa, siendo las administraciones conocedoras", afirman los sindicatos en una nota enviada a la plantilla y a los medios de comunicación.
La alternativa de Nissan
"Sea cual sea el resultado de este recurso, desde los Comités de Empresa no vamos a permitir la paralización de la mesa de reindustrialización, por lo que exigimos tanto a Gobierno Central, Autonómico y Nissan a buscar, de inmediato, alternativas para solucionar esta situación", añaden los representantes de los trabajadores.
Esas alternativas podrían pasar por el mecanismo que se barajó en primer lugar, que consistía en que fuera Nissan quien contratara los servicios de una consultora para gestionar la reindustrialización, que está incluida en el plan social del acuerdo del ERE que se firmó en agosto de 2020. Sin embargo, esa vía, que es más rápida al esquivar la burocracia de la Administración, tuvo que ser descartada por la negativa de Nissan a asumir los 200.000 euros del contrato de asesoría, una pequeña suma para una factura por el cierre de las fábricas y 2.525 despidos que podría superar los 1.000 millones, según las estimaciones que trascendieron.
El Ministerio de Industria planteó entonces la alternativa de asumir ese coste mediante una licitación pública, que ha tardado tres meses y que ha tenido un resultado cuestionado por Metyis, una de las tres firmas que optaron al concurso. Esta consultora, que ya estaba asesorando a la comisión, pide la anulación de la licitación al considerar que la empresa ganadora no cumple con los requisitos exigidos y porque hizo una oferta que se podría considerar como una puja temeraria.
