Lo confieso. Tengo un coche diésel. Soy culpable de agravar la polución en las grandes urbes. Pero en mi defensa tengo que alegar que el fabricante y las autoridades me engañaron al venderme que el motor de gasóleo era mucho más ecológico que el de gasolina porque reducía la emisión gases de efecto invernadero.
Los vehículos con motor diésel van camino de convertirse en poco tiempo en villanos cuando hasta hace unos años eran poco menos que héroes por reducir sustancialmente las emisiones de dióxido de carbono. Las matriculaciones de turismos sufrieron, desde principios de los 90, un vuelco meteórico que llevó los coches de gasóleo a pasar de una cuota minoritaria del 14% a un récord del 70,6% en 2010. Desde entonces han ido perdiendo algunos puntos hasta llegar al 66% de las ventas debido al tirón de los coches pequeños de gasolina, con precios más económicos que sus homólogos diésel.
La parte positiva fue que España se convirtió en uno de los países con unas emisiones medias de CO2 más bajas y con un 60% de los coches vendidos con menos de 120 gramos por kilómetro. La parte negativa es que las partículas de óxido de nitrógeno (NOx) se han disparado en las últimas décadas y han contribuido a la generación del efecto smog o boina de polución sobre las grandes ciudades, que afecta severamente las vías respiratorias de personas vulnerables.
El problema no es nuevo pero se ha convertido en una oportunidad para alcaldes y dirigentes políticos de demostrar su preocupación por el deterioro de la calidad del aire. Ahora, el Gobierno francés se declara antidiésel y descoloca a los fabricantes franceses, de los que el Estado es accionista, que tradicionalmente han sido abanderados de las bondades del gasóleo. Y con ellos al resto de la industria europea, que siguió la estela imparable de la dieselización del continente, un microclima del gasóleo sin ninguna relación con el mercado de EEUU.
Las proclamas antigasóleo de Manuel Valls en Francia o de la candidata Esperanza Aguirre y los proyectos de modificar los criterios del impuesto de matriculación para gravar los coches que emitan más NOx constituyen una sobreactuación para afrontar un problema que requiere una solución pausada. En todo caso, la burbuja del diésel es culpa tanto de las administraciones como de los fabricantes.
