El anuncio de cierre de la fábrica de Robert Bosch de Lliçà d'Amunt ha vuelto a hurgar en la herida cada vez más profunda causada por la política industrial o, mejor dicho, de la falta de política industrial. Los sindicatos alertan de la desertificación industrial que se está produciendo y no exageran. El cierre de la factoría y el despido de sus 340 empleados provocará un notable impacto en el pequeño municipio.

De los 15.469 habitantes de la población, hay 993 que trabajan en la industria y una buena parte de ellos pueden perder su puesto si se consuma el repliegue industrial de Bosch. La tasa de paro registrado del 12,70% se disparará cuando la multinacional alemana ejecute el ERE en una de las principales empresas del municipio y una de las 31 del sector industrial, que en un año ha perdido un 24,4% de las compañías productivas. 

El alcalde socialista de Lliçà d'Amunt, Ignasi Simon, debe de ser ahora mismo el político más preocupado por esta nueva crisis industrial que le ha estallado en plena pandemia. "El cierre perjudicará la situación social y económica de las familias (de los trabajadores afectados), en un momento ya problemático a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19, además de perjudicar el municipio y la comarca", ha indicado en un comunicado.

La política llega tarde

Simon, que ya ha tenido que lidiar con serios avisos por parte de Bosch en los últimos años, se ha puesto en contacto con la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Industria para "abordar conjuntamente el tema" y luchar para que la empresa rectifique. 

No será fácil que Bosch dé marcha atrás tratándose de una deslocalización que ya se empezó a gestar hace años con un trasvase de inversiones a una planta de la multinacional en Polonia que ha empezado a producir una nueva generación de frenos para coches eléctricos e híbridos cuya ausencia ha condenado a la fábrica del Vallès. 

La política llega ya demasiado tarde como para taponar la fuga de Bosch con los cierres de las plantas de Lliçà y Castellet, dos más en una larga lista de abandonos de proveedores y de Nissan, la segunda gran fábrica de automoción de Cataluña con tres centros afectados. 

El Govern, in albis

El mazazo de Bosch ha pillado in albis y con el pie totalmente cambiado a la Generalitat en funciones pendiente de formar un nuevo Govern y con Ramon Tremosa como responsable de industria desde hace cinco meses. "Aunque sabemos que es difícil trabajaremos para intentar revertir la decisión de Bosch de cerrar la planta de Lliçà de Munt (sic)", ha asegurado el consejero. 

El también catalán Raül Blanco asegura, desde su puesto de secretario general de Industria del Gobierno central, que "Cataluña necesita un Govern que se preocupe por las cosas del comer" y que lleve a cabo una labor más proactiva en materia industrial, según dice en una entrevista en El Mundo. 

Eso es precisamente lo que preocupa ahora mismo a los 340 empleados que se pueden convertir en nuevas víctimas de la reconversión industrial de la automoción, que no ha hecho más que acelerarse y agravarse con la llegada de la pandemia. Ya no es un temor o una previsión. Está ocurriendo.