Más de la mitad de los nuevos vehículos de flotas corporativas que se compren en España a partir de 2030 deberán ser eléctricos o de bajas emisiones, según la propuesta presentada por la Comisión Europea para acelerar la descarbonización de las flotas empresariales en el marco de la nueva hoja de ruta de electrificación del mercado. La Comisión Europea deja en manos de cada país los mecanismos de ayudas e incentivos a las empresas.
De acuerdo con la documentación anexa al nuevo reglamento, las empresas españolas afectadas —aquellas con más de 250 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros, quedando excluidas las pymes— deberán garantizar que en 2030 el 55 % de los turismos corporativos adquiridos sean de bajas emisiones, de los cuales al menos un 36 % deberán ser vehículos de cero emisiones, es decir, eléctricos puros o de hidrógeno.
El objetivo se endurecerá en 2035, cuando el porcentaje de vehículos de bajas emisiones ascenderá al 76 %, con un mínimo del 64 % de eléctricos puros, lo que supondrá que casi dos de cada tres coches de empresa sean de cero emisiones.
Un empuje clave al mercado eléctrico
Bruselas justifica la medida por el peso de las flotas corporativas, responsables de alrededor del 60 % de las compras de coches nuevos en la Unión Europea, y por la necesidad de estimular unas ventas de eléctricos que avanzan a menor ritmo del previsto. Además, la Comisión confía en que la electrificación de las flotas genere un mercado de segunda mano de vehículos de cero emisiones, clave para su posterior adopción por particulares.
La responsabilidad del cumplimiento recaerá en los Estados miembros, que deberán informar anualmente a la Comisión Europea sobre la evolución de las ventas. En caso de incumplimiento, se enfrentarán a procedimientos de infracción, aunque el texto no concreta el importe de las posibles sanciones. La Comisión ha descartado imponer cuotas obligatorias empresa por empresa y ha optado por objetivos nacionales diferenciados, calculados en función del PIB per cápita de cada país.
Diferencias entre países
Este enfoque explica las fuertes divergencias entre Estados miembros. En 2030, países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia deberán alcanzar un 90 % de flotas corporativas eléctricas o de bajas emisiones. En el extremo opuesto, Eslovaquia, Rumanía, Portugal, Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Grecia, Croacia y Bulgaria tendrán un objetivo del 48 %. Alemania deberá situarse en el 83 %, mientras que Francia e Italia tendrán que llegar al 69 % en ese mismo horizonte temporal.
La propuesta incluye igualmente a las furgonetas y vehículos profesionales ligeros, aunque con metas más moderadas. En el caso de España, en 2030 el 32 % de las nuevas furgonetas corporativas deberán ser de bajas emisiones, con un mínimo del 29 % de eléctricas puras. Para 2035, el listón subirá al 76 %, con al menos un 64 % de eléctricos o de hidrógeno.
Fin de las ayudas a vehículos contaminantes
El reglamento contempla además un cambio relevante en la política de incentivos. A partir de 2028, dos años antes de la entrada en vigor de los objetivos, los Estados miembros no podrán conceder ayudas fiscales a la compra de coches o furgonetas de empresa que no sean de bajas emisiones y deberán presentar a la Comisión Europea un plan nacional detallado con las medidas para alcanzar los objetivos fijados.
Asimismo, desde ese año solo podrán concederse ayudas fiscales a vehículos “Made in Europe”, aunque Bruselas aún deberá definir los criterios concretos que determinarán qué modelos pueden acogerse a esta etiqueta.
La propuesta deberá ahora ser negociada con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, en un debate que promete ser intenso por su impacto directo sobre las empresas, la fiscalidad y la velocidad de electrificación del parque móvil europeo.