Bruselas ya no habla solo de aranceles. En paralelo a las medidas defensivas aprobadas contra la importación de vehículos eléctricos chinos, la Comisión Europea ha empezado a dibujar un camino alternativo: la posibilidad de sustituir los derechos compensatorios, los aranceles, por precios mínimos de importación, una fórmula técnicamente compleja y políticamente sensible que busca frenar el impacto de las subvenciones sin cerrar el mercado europeo. En la práctica, el farragoso sistema alternativo a los aranceles obligaría a las marcas chinas a subir los precios y equipararlos con los estándares europeos y a someterse a una inspección permanente de su política comercial.
El documento de orientación publicado por la Comisión Europea, anunciado por Pekín como un acuerdo con la UE, marca el terreno de juego. No es una negociación colectiva ni un acuerdo estándar: cada empresa —de forma individual o conjunta— deberá presentar compromisos de precios que eliminen el perjuicio causado por las ayudas estatales, con un efecto equivalente al de los aranceles actuales. que pueden llegar a un máximo del 30% en algunos casos.
La clave está en el precio mínimo de importación (MIP). No habrá una cifra única ni un umbral general. Bruselas exige que el precio se fije modelo a modelo e incluso configuración por configuración, dada la enorme diversidad de versiones, equipamientos y autonomías de los vehículos eléctricos. Cuanto mayor sea la gama y la complejidad, advierte la Comisión, más difícil será aceptar el compromiso.
Como fijar el precio mínimo de los coches chinos
Para calcular ese precio mínimo, el documento plantea dos vías principales. La primera parte de los precios CIF (coste, seguro y flete) declarados por cada fabricante durante el periodo investigado, a los que se suma el margen correspondiente a los derechos compensatorios impuestos. La segunda toma como referencia el precio de venta en la UE de un vehículo eléctrico equivalente producido sin subvenciones, incluyendo costes comerciales y un margen razonable de beneficio, con los ajustes necesarios por diferencias técnicas.
Pero el precio no lo es todo. Bruselas teme especialmente el riesgo de “compensación cruzada”, es decir, que los fabricantes bajen artificialmente otros precios, concedan incentivos ocultos o utilicen canales paralelos para neutralizar el efecto del MIP. Por eso, el diseño del sistema va mucho más allá de una simple etiqueta de precio.
La Comisión analiza con lupa la estructura comercial de cada fabricante: si vende directamente o a través de filiales, cuántos intermediarios participan, si combina ventas online, flotas o modelos de agencia. Cuanto más complejo sea el canal, más difícil será verificar que el precio final al primer cliente independiente en la UE respeta el mínimo acordado.
Supervisión de la Comisión Europea
También entran en juego compromisos adicionales: límites de volumen anual, periodos de validez acotados al ciclo de vida de un modelo e incluso inversiones industriales en Europa, siempre que estén claramente definidas y sean verificables. El mensaje es claro: el precio mínimo debe ser creíble, sostenible y controlable en el tiempo, o no será aceptado.
Todo el sistema descansa, en última instancia, sobre la capacidad de supervisión. Bruselas se reserva el derecho de retirar el acuerdo y reclamar retroactivamente los aranceles si detecta incumplimientos, falta de transparencia o desviaciones en los compromisos asumidos. De ahí la insistencia en auditorías, trazabilidad de cada vehículo y accesibilidad total a la documentación contable.
El proceso, además, no es automático. Cada oferta de precios mínimos activa una evaluación formal, con consultas a las partes interesadas y una decisión final que deberá ser validada por los Estados miembros. Aceptar un compromiso implicará modificar el reglamento vigente; rechazarlo supondrá mantener los aranceles.
En el fondo, la Comisión trata de equilibrar dos objetivos en tensión: proteger a la industria europea del impacto de las subvenciones chinas sin renunciar a un mercado abierto ni encarecer de forma abrupta la transición al vehículo eléctrico. El precio mínimo se perfila así como una solución quirúrgica, pero exigente, que solo prosperará si los fabricantes chinos aceptan jugar bajo reglas mucho más estrictas que las actuales.