El sector del automóvil ha recibido con satisfacción el anuncio del nuevo Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico, incluido en la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible, pero alerta de que su efectividad dependerá de que el Gobierno acompañe el marco legal con medidas “realistas y eficaces”. Las patronales coinciden en que el plan puede ser una palanca de descarbonización y dinamización industrial si se evita repetir los errores del plan Renove de 2020, que se quedó corto por las ayudas mínimas ofrecidas a los vehículos de bajas emisiones.

Las asociaciones de concesionarios y vendedores reclaman que el nuevo programa adopte el modelo de comunidades como País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana, donde los planes autonómicos ofrecen subvenciones de hasta 2.000 euros por la compra de un coche de bajas emisiones Euro 6d, logrando un fuerte impacto en la renovación del parque.

Referente de Reinicio Auto+

Desde Faconauto, la patronal de concesionarios, se valora que el legislador haya “reconocido por fin la renovación del parque como una herramienta estructural” dentro de la política de movilidad. Su presidenta, Marta Blázquez, ha recordado que “un Plan Renove bien diseñado y gestionado puede ser la gran palanca de cambio que el sector y la sociedad necesitan”, y ha instado al Gobierno a garantizar una implementación homogénea, ágil y orientada al ciudadano.

Faconauto recuerda además los buenos resultados de “Reinicia Auto+”, el plan autonómico aplicado en la Comunidad Valenciana tras la DANA de 2024, que consiguió acelerar la sustitución de vehículos antiguos y dinamizar la actividad comercial.

GANVAM: “Una movilidad sostenible debe ser accesible”

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM) ha elogiado que la nueva Ley de Movilidad reconozca la movilidad como derecho social, y que contemple incentivos a las motorizaciones Euro 6d dentro del futuro plan nacional. Su presidente, Jaime Barea, ha subrayado que “una movilidad verdaderamente sostenible debe ser accesible y asequible para todos los ciudadanos”.

Barea ha recordado que el 60% del parque español supera los 10 años de antigüedad, una cifra que evidencia la falta de capacidad económica de muchos hogares para renovar su vehículo. Por ello, GANVAM propone recuperar el espíritu del plan Prever, que entre 1997 y 2007 permitió achatarrar 3,3 millones de coches antiguos, combinando impacto ambiental y renovación del parque.

El precedente del Renove fallido de 2020

La presidenta de la Asociación del Vehículo Compartido de España (AVCE), Rosa Campos, ha celebrado también la aprobación de la Ley por “representar un punto de inflexión real para la transformación urbana”. Según Campos, el texto legal “da por fin un marco estable que reconoce al carsharing y otras fórmulas de movilidad compartida como elementos fundamentales de la movilidad del siglo XXI”. En 2024, el carsharing registró casi 3,9 millones de viajes y superó los 1,8 millones de usuarios registrados en España, con una flota mayoritariamente electrificada.

En 2020, el Plan Renove daba unas ayudas van desde 400 euros a 800 euros para coches de combustión eficientes, con bonificaciones adicionales para compradores con rentas bajas o movilidad reducida. El precedente del Plan Renove de 2020 sigue pesando sobre el sector. Entonces, las bajas cuantías y la complejidad burocrática redujeron su alcance. Por eso, patronales y asociaciones reclaman ahora subvenciones más ambiciosas y procedimientos más simples, aplicados directamente en el punto de venta, para garantizar resultados.

Los ecologistas piden profundizar

Una alianza de 15 entidades ecologistas, ambientalistas y sindicales manifestó que la aprobación de la Ley de Movilidad es "un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad", aunque con algunas carencias. "A pesar de que el texto no presenta la ambición que nos hubiera gustado, contiene elementos significativos con capacidad real para reducir los impactos del sector y mejorar la vida de las personas, la salud pública y el medio ambiente. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado intensamente en estos últimos años con el objetivo de introducir mejoras en el texto de la ley”.

Las entidades recuerdan que el sector del transporte es "el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España", con el 33,3 % del total. Por ello instan a los grupos políticos y al Gobierno a "profundizar en los diferentes elementos de la Ley para avanzar hacia un sistema de transporte y movilidad realmente justo y sostenible".