La venta del negocio de termoplásticos de ingeniería de Sabic al fondo alemán Mutares, por un valor empresarial de 450 millones de dólares, ha encendido todas las alarmas en Cartagena. El temor al cierre de una planta del proveedor de automoción ha puesto en marcha una movilización social, sindical e institucional.
Para Mutares, la operación supone la mayor adquisición de su trayectoria y el nacimiento de un nuevo segmento estratégico, el de Químicos y Materiales, con presencia industrial en América y Europa y cerca de 2.900 trabajadores. Para Sabic, encaja en su programa de optimización de cartera iniciado en 2022. Pero en La Aljorra, donde se ubica el megacomplejo industrial de Cartagena, el anuncio pone en peligro actividad industrial y empleos.
El temor se concentra especialmente en la planta Lexan 1, cuya continuidad los trabajadores dan prácticamente por descartada. Unos 350 empleos directos estarían en riesgo, a los que se suman los puestos de la industria auxiliar que dependen de la actividad del complejo. “No hablamos solo de una fábrica, sino de un ecosistema industrial entero”, repiten los representantes sindicales.
Movilizacion social y política
La preocupación no tardó en desbordar los muros de la planta. En cuestión de días, Cartagena cerró filas. El comité de empresa exigió reuniones urgentes, denunció un apagón informativo por parte de la compañía y lanzó un ultimátum: sin respuestas claras, las protestas irán a más. Las primeras movilizaciones ya están en marcha, con asambleas a las puertas de la fábrica y cortes simbólicos de accesos para visibilizar el conflicto.
Las administraciones reaccionaron casi al mismo tiempo. El Gobierno central anunció la creación de una mesa de diálogo con los nuevos propietarios y con la anterior dirección de Sabic para tratar de evitar despidos y reconducir la situación. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, confirmó contactos inmediatos con ambas partes, consciente de que el conflicto amenaza con convertirse en un problema de alcance nacional.
También el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena han entrado en escena. El presidente autonómico, Fernando López Miras, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, se reunieron con el comité de empresa en un encuentro que los trabajadores calificaron de “cautelosamente positivo”. El mensaje institucional ha sido contundente: respaldo total a la plantilla y exigencia de que Sabic asuma su responsabilidad en un eventual plan social, sin trasladar toda la carga al fondo comprador.
La automoción, el 39% del negocio
En paralelo, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa medidas de choque, como la activación de la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias, orientada a facilitar la recolocación de una plantilla altamente cualificada pero con una edad media elevada y escasas oportunidades fuera del ámbito industrial pesado. La preocupación va más allá del presente: lo que está en juego es el futuro del tejido productivo de Cartagena.
Mientras tanto, el relato corporativo de la operación discurre por otro carril. Mutares, que ya posee empresas de movilidad como Motos Peugeot y Magirus, destaca el potencial de la nueva actividad absorbida con sus marcas globales y su sólida posición en los sectores de automoción (39% del negocio), construcción (20%), productos de consumo (17%), electricidad y electrónica (10%) y salud (3%), con un 66% de los ingresos en América y el 34% en Europa. Sabic, por su parte, habla de continuidad y de un “futuro prometedor”. En Cartagena, sin embargo, esas palabras suenan lejanas.
El conflicto amenaza con trasladarse a Madrid, donde los representantes de los trabajadores buscan el apoyo del Ministerio de Industria y de los grupos parlamentarios. La consigna es clara: evitar que el cierre de Lexan 1 se convierta en un símbolo más de desindustrialización silenciosa.