El coche de combustión sigue siendo la única opción realista de movilidad para millones de españoles, pero el Gobierno pretende prohibir su publicidad, igual que la de los combustibles. Otra medida que ataca al ciudadano de a pie, a su bolsillo, a la libertad y al futuro de quienes no pueden permitirse un eléctrico o viven fuera de las grandes ciudades.
El Gobierno vuelve a la carga contra la movilidad privada. Esta vez, planteando una ley que prohibirá la publicidad de coches de gasolina, diésel y cualquier otro producto relacionado con los combustibles fósiles o gasolineras. Y como siempre, la medida se vende como una iniciativa “ecológica”, pero en la práctica supone un golpe directo a los conductores, a su libertad y al sentido común.
Porque la realidad es sencilla: el parque automovilístico español tiene casi 15 años de media. Millones de personas siguen conduciendo coches antiguos, inseguros y mucho más contaminantes que los modelos actuales que queremos dejar de anunciar. Y sin embargo, en vez de fomentar que esa gente pueda cambiar su coche por uno más moderno y eficiente -ya sea etiqueta C, ECO o CERO-, se opta por prohibir la publicidad de los C, como si fueran el demonio. Esta medida no solo es injusta, es inútil. Europa permite vender coches de combustión —modernos, seguros y mucho menos contaminantes que los de hace una década— al menos hasta 2035. El objetivo debe ser renovar el parque móvil, no demonizar lo que para Europa es ley.
Más de 1.200 modelos y versiones afectados
Más de 1.200 versiones de turismos y furgonetas en venta hoy se verían afectadas, representando un 36 % de las ventas en estos momentos. Esto perjudica a consumidor, a empresas y a nuestra economía y sociedad. Incluso, a falta de desarrollo definitivo, no está claro cómo podría afectar a las plataformas de segunda mano, donde miles de conductores encuentran vehículos accesibles para su día a día a partir de “anuncios” que habrá que ver si son considerados publicidad.
Los ciudadanos merecen alternativas reales, no prohibiciones. Y hablamos de todos los ciudadanos, no de unos pocos. ¿Y qué ocurre en la España rural? Allí donde no hay metro, ni Cercanías, ni autobuses cada cinco minutos. Allí donde el coche no es un capricho, sino una necesidad básica. ¿Vamos a dejar a millones de personas sin alternativa de movilidad?
Prohibir anuncios no mejora el aire que respiramos, pero sí limita derechos, encarece la movilidad y deja al ciudadano medio sin parte de las opciones. Otra medida alejada de la realidad de la calle, que solo sirve para penalizar al conductor y alimentar un relato ideológico que poco tiene que ver con las necesidades de la gente.
Los eléctricos, lejos de una alternativa real
Y ojo, no cargo contra el coche eléctrico, una opción todavía minoritaria, con posibilidades, con ya una interesante evolución hacia la democratización pero todavía lejos de ser una alternativa real para la mayoría -si tu zona de influencia es urbana o metropolitana y con punto de carga privado asociado, imbatible-.
La automoción no es el enemigo, es parte de la solución. Negarlo, prohibirlo o castigarlo solo nos lleva a un escenario de menos empleo, menos competitividad y más desigualdad. Y esta ley, si prospera, será un paso más hacia el abismo.