Hace un par de semanas, durante la celebración del V Foro Nissan, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, afirmó que en 2030 deberían estar circulando por nuestras carreteras cinco millones de vehículos electrificados, de los que 3,5 millones serían turismos. Una cifra ambiciosa, por encima de nuestras expectativas pero que nos pone el listón alto. Nos gusta esa ambición, esa apuesta. Queremos aportar lo mejor de nuestro esfuerzo para conseguir ese parque electrificado pero no podemos estar solos.

Los fabricantes no somos indiferentes al reto del clima, al contrario. Somos conscientes de que somos parte del problema de la contaminación y el cambio climático, pero también somos la solución porque tenemos la tecnología. Estamos plenamente comprometidos con la descarbonización del parque y con las demandas sociales que empujan a este respecto. Estamos trabajando ya, con más de 58.000 millones de inversión en I+D en Europa (y más de 3.000 millones en las fábricas españolas) y con una oferta comercial amplia. El 70% de los modelos que se van a poner en el mercado este año y el que viene llevan versión electrificada. Las fábricas españolas ya tienen adjudicados 16 modelos electrificados y esperamos (y podemos aspirar) a mucho más.

Pero, para lograr esta meta que apunta el Gobierno, es necesario marcar una senda estable que garantice una transición justa y ordenada. Los 3,5 millones de turismos electrificados para 2030 son un esfuerzo ímprobo porque supone electrificar alrededor del 15% del parque automovilístico actual. La cifra está muy lejos de los 28.135 turismos electrificados que circulaban por nuestras carreteras en diciembre de 2018.

Para lograrlo, es imprescindible multiplicar exponencialmente las ventas de vehículos y la instalación de puntos de recarga, para garantizar una eficiencia y confianza similar a la que tenemos ahora con los vehículos de combustión. Para 2030, el 40% de las matriculaciones anuales han de ser de vehículos electrificados frente al escaso 1,4% actual. Actualmente, contamos con 6.000 puntos de recarga, una cifra insuficiente. En 10 años, tenemos que multiplicar por 40 nuestros esfuerzos y alcanzar los 200.000 puntos de recarga.

Desde ANFAC creemos en el vehículo eléctrico y nos gusta ese nivel de ambición. Pero este esfuerzo requiere de la colaboración de Administraciones públicas, fabricantes y energéticas. Todo el ecosistema de la nueva movilidad ha de estar implicado.

Sin embargo, el sistema actual para el crecimiento e implementación del vehículo eléctrico es insuficiente. Los diferentes planes de ayuda, MOVES, MOVALT, MOVEA, han sido escasos, mal distribuidos y ejecutados. En mi intervención en el Foro NISSAN, señalé la importancia de un plan de ayudas equitativo y al alcance de todos. Hasta la fecha, por ejemplo, los ciudadanos de Cantabria y Extremadura no han podido acogerse a este plan para la adquisición de vehículos eléctricos, ante la ausencia de convocatoria.

Debemos lograr que el impulso al vehículo eléctrico sea de todos y no solo de los fabricantes.  El apoyo decidido a la electromovilidad requiere de un enfoque integral, con una participación activa y equilibrada de todas las partes en torno a la disponibilidad de una oferta comercial potente, de planes de incentivos e instrumentos fiscales y del despliegue eficiente de la infraestructura de recarga que permita la implementación del vehículo eléctrico y de su integración en el ecosistema.

Para ello, la participación del Gobierno y las administraciones es vital. Es necesario un plan de apoyo al vehículo eléctrico que venga impulsado por un programa de ayudas bianual al vehículo cero y de bajas emisiones dotado con 250 millones de euros para el período de 2019-2021. Además de lograr un IVA reducido que incentive la compra de vehículos electrificados.

La electromovilidad del futuro tiene el pleno compromiso de la industria del automóvil. Cuanta más ambición, mejor. Pero debemos trabajar ya en esta batería de medidas de gran calado, en una regulación y una política de cohesión nacional y una hoja de ruta razonable, estable y ordenada. Es fundamental la colaboración público-privada, a través de un plan sustentado en la tecnología, financiación y regulación donde administraciones, gobierno, asociaciones y empresas vayamos en la misma dirección y establezcamos una senda y proyecto común. Una senda que nos llevará, sin duda, al objetivo europeo de la descarbonización.

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Artículo publicado en el blog de Anfac