La muerte súbita del diésel puede causar un "desastre" en la industria de automoción española, hasta el punto de provocar "deslocalizaciones" de empresas por la pérdida de competitividad. Este diagnóstico es de Pepe Álvarez, secretario general de la UGT y veterano sindicalista curtido en numerosas batallas en defensa de las fábricas del sector del automóvil. El máximo peligro que aprecia Pepe Álvarez en la situación actual por la que atraviesa la industria es la prisa por forzar una transición a un nuevo modelo de movilidad que no cuente con el consenso de las partes implicadas en el sector.
"Esta transición tiene que ser negociada con empresarios y sindicatos y dirigida y apoyada mediante un plan estratégico consensuado. Una transición precipitada e impuesta supondrá un grave perjuicio para el empleo y la industria instalada en España, pudiendo obligar a las empresas a adoptar decisiones de deslocalización de sus fábricas. De las decisiones y políticas que se adopten ahora dependerá la futura sostenibilidad de la industria del automóvil en España", afirma el dirigente sindical en un artículo publicado en su blog Valor Sindical.
Pepe Álvarez pide un equilibrio razonable
La receta que propone Álvarez para evitar esos riesgos es "asegurar un equilibrio razonable entre la consecución de los objetivos medioambientales, con los que UGT está absolutamente comprometida, y el mantenimiento de la competitividad de la industria de automoción española, sobre la base de una transición ordenada y no forzada que minimice los posibles efectos adversos en el empleo".
A su juicio, el acuerdo alcanzado por los ministros de Medio Ambiente de fijar el objetivo de reducción de CO2 en 2030 en el 35% para los coches nuevos va en la buena dirección, aunque es insuficiente. El acuerdo de los ministros moderó la propuesta del Parlamento Europeo de una reducción del 40% pero va más allá del 30% que planteaba la Comisión Europea.
"Estamos muy preocupados en materia de emisiones de gases"
"Ahora surgen nubes borrascosas en este panorama y estamos muy preocupados por la posición del Gobierno de España en materia de emisiones de gases contaminantes, la situación de los motores diésel y la transición energética. Creemos que hay que huir de posiciones maximalistas, con una transición justa en el tiempo", defiende Pepe Álvarez. La transición que se plantea a una movilidad con un uso mucho mayor del coche eléctrico choca, según el sindicalista, con una infraestructura reducida de puntos de carga, una alta dependencia de los fabricantes de baterías asiáticos y la baja aceptación de estos vehículos debido a su precio elevado.
Para impulsar el coche eléctrico, será clave "no penalizar, sino incentivar" y tener en cuenta que "un planteamiento precipitado volverá a perjudicar, una vez más a los más débiles, a los ciudadanos y ciudadanas con menos recursos y más dificultades para afrontar esta transformación y cambiar sus vehículos, además de los pequeños y medianos empresarios, especialmente del sector del transporte, en definitiva, los segmentos sociales y económicos que más necesitan del apoyo de la Administración y no de lo contrario".
