Los partidarios de la abolición de los peajes de las autopistas han tenido una alegría con el anuncio del Gobierno de que irá rescatando las vías a medida que venzan las concesiones. La medida, largamente reclamada por plataformas de afectados en varias zonas de España, tiene varias caras con ventajas e inconvenientes. ¿Quién gana y quién pierde con la supresión de los peajes en las autopistas?
Ahorro para particulares y empresas por la supresión de peajes
De entrada, la supresión planteada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sería progresiva porque iría rescatando las autopistas a medida que fueran venciendo los contratos con las empresas concesionarias entre final de 2018 y 2021. Los automovilistas serían los primeros en percibir el efecto positivo en forma de un ahorro que puede llegar a ser sustancial en función del uso de las vías de pago. Los conductores profesionales y las empresas tendrían una mejora de la competitividad gracias a la reducción de una partida de sus costes.
Pérdida de un negocio rentable de las concesionarias
Los grandes grupos constructores e inversores que controlan el negocio de la gestión de infraestructuras serían los primeros en recibir el impacto negativo al perder una parte importante de su modelo de negocio basado en asumir el mantenimiento de las autopistas a cambio de gestionar los ingresos por peaje. Se trata de un lucrativo negocio en la mayoría de los casos con contratos de 50 años o más muy amortizados que permiten a las empresas un amplio margen de beneficio, tal como demuestran los resultados de las concesionarias. Además, en algunos casos la inversión en mantenimiento, cifrada en unos 185 millones, se ha ido reduciendo alegando mejoras de eficiencia como Abertis, que reducía un 2,5% sus gastos de explotación mientras aumentaba un 5% sus ganancias.
Aumento del déficit público por un coste de unos 1.000 millones
El Estado también notaría con efectos inmediatos el rescate al tener que asumir progresivamente unos costes que hasta ahora traspasaba a las concesionarias a cambio de la gestión del negocio del peaje. La patronal de la construcción y las infraestructuras Seopan estimó en abril que el coste de rescatar todas las vías de pago de España ascendería a unos 1.000 millones de euros anuales para las cuentas públicas. Las alternativas que tiene el Gobierno para el rescate son básicamente asumir los costes con los recursos disponibles, lo que elevaría automáticamente el temido déficit público, o bien buscar otras fórmulas de ingresos alternativas al peaje como existen en otros países. Si el Ejecutivo pone en marcha fórmulas como la viñeta, mantendría el esquema de pago por uso aunque con otra modalidad. Otra derivada de la supresión de los peajes será el previsible aumento del tráfico en las autopistas liberadas, que Seopan calcula en más del 30% según las vías y que podría provocar su colapso por falta de capacidad.
